Roca declarará hoy como testigo en un juicio por delito urbanístico contra Julián Muñoz y siete ex concejales

El que fuera gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL), Juan Antonio Roca, encarcelado desde hace dos meses al ser considerado principal responsable de la trama de corrupción en el consistorio, comparecerá hoy para declarar como testigo en la vista oral del caso Moansa.

En este proceso están acusados el ex alcalde Julián Muñoz y otros siete ex concejales de un presunto delito urbanístico por conceder licencia de obras para seis chalés en un suelo que el planeamiento reservaba para zona verde. El fiscal pide para los acusados penas que oscilan entre año y medio y dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cargo público.

En la primera jornada de la vista oral, Muñoz responsabilizó a Roca de todas las licencias que dio el consistorio marbellí mientras estuvo al frente del urbanismo. Aunque sin citar a Roca expresamente, los demás concejales acusados también dijeron que ellos se limitaban a asentir en las comisiones de gobierno sobre las propuestas de licencias que venían de la gerencia de Urbanismo con apariencia de que cumplían todos los requisitos técnicos y jurídicos.

También declarará hoy el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, de quien todos los acusados señalaron que informaba en las comisiones de gobierno de que las licencias eran correctas.

Julián Muñoz volverá a ser juzgado en breve por otro presunto delito urbanístico junto a otros siete ex concejales de la corporación. En este nuevo procedimiento, cuya vista oral estaba prevista para el día 19 pero se ha aplazado al haber cambiado uno de los acusados de abogado, el fiscal no pide prisión para Muñoz, sino una multa de 20 meses a razón de 15 euros diarios (9.000 euros en total) por dar licencia de obras para tres viviendas unifamiliares en suelo que según el PGOU de 1968 era rústico y según el de 1986 no urbanizable.

En este procedimiento están también acusados Pedro Román, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, María Luisa Alcalá -acusados también en el caso Moansa- y Dolores Zurdo.

El fiscal considera en su escrito que los concejales otorgaron las licencias "obviando la normativa jurídica existente sobre dichos suelos" y que el ex alcalde Jesús Gil, que estuvo también acusado en la causa hasta su muerte, fue quien dio las "determinaciones" para que se aprobaran.

Ayer se tuvo que aplazar también por el reciente cambio de abogado de uno de los acusados la vista en la Audiencia Provincial de Málaga por el recurso contra la sentencia que condenó el pasado mes de octubre a Julián Muñoz y otros siete ex concejales de la corporación marbellí a un año de prisión por delito urbanístico en el caso Proinsa.