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AGENDA GLOBAL | ECONOMÍA

El verdadero 'efecto llamada' migratorio

La economía sumergida.

EL VERDADERO efecto llamada de las migraciones irregulares es la economía sumergida. Cuando nos referimos a la inmigración como una dificultad no hablamos de España como país receptor de las poblaciones europeas de la tercera edad, que se jubilan aquí, ni de los casi 55 millones de turistas que todos los años entran en nuestro territorio. La migración como problema es la pobreza como problema. Las migraciones de este principio de siglo están directamente relacionadas con los diferenciales de riqueza: el desarrollo no resuelve automáticamente todo, pero permite estabilizar a las poblaciones.

España, Italia, Grecia, Portugal y algunos de los nuevos países de la UE no sólo son lindantes con África, sino zonas en las que la economía sumergida abarca un porcentaje superior de su PIB al de los otros Estados europeos. El empleo informal es más independiente de los mecanismos de control que los puestos de trabajo que incorporan el pago de impuestos y la protección social. Por ello, criticar el proceso de regularización de inmigrantes, como hizo Mariano Rajoy en el debate parlamentario del estado de la nación, lleva al absurdo, y su instalación en la opinión pública es muy peligroso. Si no se les regulariza, ¿se expulsa por la fuerza a centenares de miles de personas?

O se les regulariza y se les integra en el aparato productivo, o se les expulsa, lo que es casi imposible en un Estado-frontera como España. El problema es la economía 'golfa', casi una cuarta parte del PIB

La estructura de la economía sumergida -que algunos expertos elevan a la cuarta parte del PIB español- necesita de trabajadores sin papeles, poco cualificados, maleables y sin capacidad de respuesta ante los abusos que padecen. Pero España está obligada -no sólo por ser un país civilizado, sino también fronterizo- a integrar a sus inmigrantes para que participen en el proceso productivo si al mismo tiempo quieren utilizar el Estado de bienestar.

Los puestos de trabajo sumergidos y precarios, las subcontrataciones que tanto abundan en el mundo de los inmigrantes irregulares, permiten a quienes los contratan (los aprovechados de la economía golfa) hacer recaer las cargas sociales en el propio trabajador y presionan a la baja los salarios de la economía legal. A pesar de que la tasa de inflación en España es muy alta en relación a la de su entorno (4,1% de incremento del IPC interanual, según el último indicador avanzado), en ella no inciden de modo sustantivo los costes salariales de las empresas.

La causante de la llegada de miles de inmigrantes no es la regularización de los anteriores, sino la existencia de altos porcentajes de economía sumergida en la agricultura, la hostelería, los servicios, el turismo, etcétera, sobre todo en pequeñas y medianas empresas de matriz familiar. Al revés, la integración de foráneos en la economía legal es, en alto grado, responsable de algunas de las mejores cifras que Rodríguez Zapatero pudo exhibir la semana pasada en el Congreso: creación de 900.000 puestos de trabajo en 2005 (2.700 empleos por día en los dos últimos años), crecimiento de la población activa y de la tasa de empleo, y reducción del paro hasta niveles europeos. La población activa -el dato más relevante para este análisis- ha pasado de 16,5 millones de personas en 1996 a 18 millones en 2000, a 19,5 millones en 2003 y a 21,3 millones a día de hoy.

Este aumento de la población activa contribuye al sostenimiento del sistema público de pensiones, ya que la Seguridad Social tiene un millón y medio de afiliados más desde 2004. En los últimos días se ha cerrado un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno para actualizar el Pacto de Toledo, con el objetivo de adaptar las finanzas de la Seguridad Social a las condiciones demográficas, para sostener lo más indefinidamente posible el sistema de pensiones público y universal, como parte central del Estado de bienestar. Por ejemplo, en el acuerdo se incrementa el número de años de cotización obligatoria para obtener una pensión pública, lo que exigirá más tiempo a los inmigrantes que se han incorporado hace poco a la Seguridad Social. Otro efecto positivo para los anfitriones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de junio de 2006