Examen aprobado para peatonalizar

El proyecto de peatonalizar y ampliar la red pública de transportes en Sevilla ha conllevado un sinfín de críticas y movimientos, los últimos, de carácter medioambiental. La construcción del metrocentro, que ha supuesto un coste de 50 millones de euros (cofinanciados por Junta y Ayuntamiento) y que desde un principio contó con reproches de vecinos, taxistas y comerciantes por cerrar al tráfico la Avenida de la Constitución, ha sido el centro del debate ciudadano durante semanas debido a la tala de un centenar de árboles desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez.

El Ayuntamiento, que reaccionó con la paralización del talado al toparse con las protestas de grupos políticos y ecologistas, acaba de recibir el último permiso que le quedaba para poder iniciar las obras oficialmente. La Consejería de Medio Ambiente ha concedido al Consistorio la llamada autorización ambiental integrada al considerar que con la construcción del tranvía habrá "una mejora significativa de los niveles sonoros ambientales de las calles por las que circula, en comparación con la situación actual en la zona", según aclaró la delegada de Medio Ambiente en Sevilla, Pilar Pérez.

La construcción del tranvía choca con las pegas de vecinos, taxistas y comerciantes

Esta licencia se otorga después de que la Consejería rechazara el primer informe entregado por el Ayuntamiento. La zona afectada por el metrocentro, que de acuerdo con el reglamento, no debería superar los 55 decibelios de ruido, alcanzaba hasta el corte al tráfico los 77 decibelios. Con la construcción del tranvía, esta cifra descenderá hasta los 15.

Con el plan de peatonalización, cuya ejecución está previsto que dure dos años, el alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, pretende eliminar tráfico rodado en nueve vías: Encarnación, Alfalfa, Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, San Fernando, San Gregorio, Pescadería, plaza de la Virgen de los Reyes y Mateos Gago.

El PP y el Partido Andalucista se opusieron, desde un principio, al plan del Consistorio, y acentuaron sus críticas tras la tala de árboles.

PP y PA pedían la "peatonalización de la Avenida de la Constitución de una forma flexible y consensuada con la plataforma Centro Vivo", creada por los sectores sociales afectados por el cierre al tráfico de dicha vía (vecinos, comerciantes, hoteleros y taxistas, fundamentalmente). Esta semana los comerciantes de la Plaza Nueva -independientes de Centro Vivo- solicitaron al Consistorio información sobre los perjuicios que tendrá para ellos la construcción del metrocentro.

El PP insiste en que no se precisaba la tala durante las obras de alcantarillado, que actualmente están en marcha. Desde el Consistorio aseguran que tras las obras se realizará una amplia replantación. "Por cada árbol que se quite, se plantarán otros tres", afirman fuentes municipales.

La polémica ha continuado por las obras de la línea 1 del metro, que dependen de la Consejería de Obras Públicas a través de una Unión Temporal de Empresas, y que ya se han tenido que posponer un mes y medio a causa de un socavón en el Paseo de Colón. La Junta se ha topado con la oposición de la propietaria del restaurante Río Grande, Carmen García, al paso de la tuneladora por el jardín del local, en el que afirma tener "palmitos de más de 200 años". La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, asegura que la dueña se ha negado ya tres veces a que los técnicos de la Junta analicen el jardín. Fuentes de la consejería informaron ayer que los técnicos, con el apoyo de agentes de la policía autonómica, completaron su trabajo de recogida de datos sobre el terreno el mismo viernes.