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Caldera reitera que el rechazo a la ley de Dependencia supondrá pérdida de derechos

Mikel Ormazabal

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reiteró ayer en San Sebastián su deseo de que el Gobierno vasco se incorpore al "consenso generalizado" sobre la ley de Dependencia y apoye su aprobación, pues, de lo contrario, los vascos "van a perder derechos sociales" con respecto a los de otras comunidades a partir de su aplicación desde el próximo 1 de enero.

Caldera participó en un acto de su partido para exponer el contenido de la ley, que en Euskadi beneficiará a unas 600.000 personas y exigirá un desembolso de 200 millones de euros al año.El ministro apeló a la "sensatez, sentido común y racionalidad" del Ejecutivo autónomo para que apoye la nueva normativa por encima de "debates nominales", en referencia a las críticas del PNV y EA. Mientras que el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de EB, firmó un acuerdo con el propio Caldera para el desarrollo de la ley en Euskadi, los dos socios nacionalistas del tripartito consideran una injerencia en las competencias autonómicas que el Estado regule la atención a las personas dependientes."Espero que el Gobierno de Euskadi apoye la ley y no anteponga debates nominales a los derechos de los ciudadanos", dijo Caldera. Y advirtió: "Si no coopera con el Gobierno en su puesta en marcha, los ciudadanos de Navarra o de Galicia tendrán más derechos que los vascos".

"Caos" en los servicios

Mientras, la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta mantuvo ayer en la Cámara de Vitoria un cara a cara con Madrazo en el que le acusó de no afrontar el problema de fondo que condiciona el "caos" de los servicios sociales en Euskadi, informa Isabel C. Martínez. A juicio de Zabaleta, ese núcleo que lo determina todo es la ausencia de una ley Municipal y de una "relectura o reinterpretación" de la Ley de Territorios Históricos".

Sin abordar ambas cosas, "nunca resolverán los problemas, aunque hagan una nueva ley". La norma en vigor data de 1996. Zabaleta negó que pueda hablarse de un sistema vasco de servicios sociales, precisamente por su falta de desarrollo.

La parlamentaria socialista dio la razón al consejero en la necesidad de un gran pacto social, pero insistió en la prioridad del acuerdo entre instituciones y respecto a eso "hasta ahora miran hacia otro lado".

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El consejero no ofreció datos sobre la interpelación planteada por Zabaleta, quien pedía que concretase las medidas de su departamento para impulsar el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. Madrazo prometió para este mismo mes un decreto sobre el funcionamiento del consejo de servicios sociales y negó que exista descoordinación. Consideró "demasiado catastrofista el análisis" de la representante del PSE e insistió en que Euskadi es pionera en España y va "muy por delante" del resto de las comunidades.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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