Editorial:Editorial
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Servicios europeos

Los servicios representan una parte sustancial del PIB de la UE (más del 60%). Ya sea por la propia naturaleza de los mismos, en muchos casos de difícil movilidad, o por razones reguladoras nacionales, no hay competencia equivalente a la observada en los mercados europeos de bienes y de manufacturas o de ese amplio segmento de los servicios, como son los financieros. Precisamente esa competencia es la que pretende conseguir la polémica directiva de servicios acordada por los Veinticinco el pasado lunes, que mantiene las grandes líneas del compromiso alcanzado por la Eurocámara en noviembre último. El texto dista mucho del proyecto original formulado hace dos años por el entonces comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, que provocó las iras de la izquierda, sobre todo en Francia, y el repudio sindical.

El ámbito de aplicación se ha ido restringiendo en las sucesivas maniobras de compromiso negociador entre los Veinticinco. Ha quedado definitivamente eliminado el punto más conflictivo de la directiva Bolkestein, el "principio del país de origen", por el que se permitía a las empresas prestadoras de servicios regirse por las leyes de su propio país y no por las de aquel en el que fueran a establecerse. Además, quedan expresamente excluidos los servicios que ya cuentan con su propia regulación en la UE, como los financieros o de telecomunicaciones, y los que están ya caracterizados por su "interés general", como la sanidad, los servicios sociales, audiovisuales, el juego y, más recientemente, los notarios. Pero siempre es mejor algo que nada. Tal y como está planteada, la directiva puede ayudar a promover, dentro de un ámbito de actuación menor del previsto, la libertad de prestación de servicios, incluyendo aquellos casos en que se ejerce también el derecho de establecimiento, pero sin sobrepasar las legislaciones nacionales implicadas, y muy particularmente la laboral, que ha quedado expresamente excluida, lo mismo que la fiscal o la de seguridad.

El avance ha sido lento y probablemente lo seguirá siendo, porque la directiva entrará en vigor en el mejor de los casos en 2010. La liberalización total del mercado de servicios supondría, según la Comisión Europea, la creación de 600.000 empleos y un aumento de entre tres y siete décimas del PIB comunitario, según varios estudios de análisis. Ahora las expectativas serán más modestas. Con todo, se trata del mejor acuerdo posible, dado el estado actual de parálisis de la UE tras el fracaso del proyecto constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0001, 01 de junio de 2006.

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