Los imputados en la trama de facturas falsas en Terra Mítica se niegan a declarar ante el juez

Sólo 16 de los 24 imputados en el caso Terra Mítica convocados ayer comparecieron ante el juez por la trama de facturas falsas en Terra Mítica detectada por la Agencia Tributaria entre los años 1999 y 2001. Todos ellos se acogieron al derecho a no declarar. Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana y ex jefe de compras del parque temático de Benidorm, se quejó: "Esto no es un juicio, es un asunto político". El juez añadió a los supuestos delitos de fraude, falsificación y alteración contable, el de estafa, que se deriva de las grabaciones realizadas por dos diputados socialistas a dos de los imputados.

"Esto no es un juicio, es un asunto político", dijo el ex cuñado de Zaplana, Justo Valverde

De los cuatro hermanos Moreno Carpio, únicamente se personó Francisco Javier, que figura como socio de una de las 20 firmas denunciadas. No lo hizo Antonio Moreno Carpio, protagonista de las conversaciones grabadas por dos diputados socialistas, porque no le habría llegado a tiempo la citación. Tras él, se personaron el empresario Vicente Conesa, su esposa, Matilde, y sus dos hijos, Alberto y Vicente. Conesa es una figura central en la trama, ya que sus empresas, según la Agencia Tributaria recibían y emitían facturas falsas a Terra Mítica. El último de la jornada matinal en entrar en la sala fue Justo Valverde, ex director de compras de Terra Mítica. Valverde manifestó ante el juez: "Esto no es un juicio, es un asunto político y yo estoy aquí por las relaciones que he tenido". Se refería a su relación personal con el ex presidente de la Generalitat Valenciana y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, de quien era cuñado cuando se produjeron los hechos.

Las comparecencias de cuatro ex altos cargos de Terra Mítica, Luis Esteban, Miguel Navarro, Miguel Izquierdo y Antonio Rincón, presidente, director general y directores técnico y de adjudicaciones, prevista para hoy, fue aplazada por la imposibilidad de uno de los letrados, Javier Boix, de acudir, ya que le coincidía con una comparecencia prevista en el juzgado de Nules del caso Fabra.

El juez añadió ayer a las acusaciones de defraudación fiscal, falsificación de documento mercantil y alteración contable la de estafa, que se deriva del contenido de las grabaciones a dos empresarios entregadas a la fiscalía por dos diputados autonómicos socialistas. En ellas, los dos empresarios reconocen pagos de comisiones ilegales y aluden a Zaplana como destinatario de los pagos. Uno de ellos, Moreno Carpio, se desdijo posteriormente de las afirmaciones.

Antes de iniciarse las declaraciones, previstas en la fase de diligencias previas de la causa abierta contra 31 empresarios y 20 empresas por la trama de facturas falsas que sirvió para defraudar a la hacienda pública más de 4,4 millones de euros, ninguno de los citados se encontraba a las puertas del juzgado. Dentro, sin los letrados de las partes, el juez, la fiscal y el representante de la abogacía del Estado deliberaron sobre la conveniencia de realizar o no los interrogatorios a tenor del casi centenar de recursos pendientes de resolver y de las dificultades para trasladar los ya 40.000 folios de la causa a todas las partes. Finalmente, a las 10.00, el juez decidió celebrar los interrogatorios.

A partir de aquel momento, uno tras otro, los imputados se acogieron a su derecho a no declarar. La sesión matinal acabó con Valverde. Francisco Escoto, también imputado, no compareció por estar enfermo y José Herrero García, el segundo interlocutor, con Antonio Moreno Carpio, de las cintas grabadas por los diputados socialistas, no ha podido ser localizado.

Por la tarde, comparecieron José Luis Rubio, María Julia Muñoz Mateo, Amparo Tejedor, Julio Cortés, Yolanda Muñoz Mateo, Javier Alós, Fernando Sanjuan, José María Arraiz, Alicia García y José Vicente Martín Albiñana. Todos se acogieron al derecho a no declarar y sus letrados esgrimieron como argumento la falta de acceso a la documentación sobre las actuaciones.

El juzgado de instrucción número tres de Valencia inició con estas comparecencias las diligencias correspondientes a la causa abierta después de que la Agencia Tributaria resolviera el problema que había llevado a la anulación de la primera denuncia presentada por la fiscalía.

El juez dijo ayer en la sala que el parque temático de Benidorm, aunque es una de las 20 empresas imputadas, podría ser efectivamente perjudicado por el supuesto delito de estafa que se deriva de las grabaciones. Abrió, así, la puerta a que solicite la personación como acusación particular. Al menos un abogado, Vicente Grima, que defiende los intereses de la familia Conesa, anunció que de ser así, la impugnaría. Sin embargo, la letrada de Terra Mítica no se sentó ayer junto a las acusaciones, es decir, el fiscal y la Abogacía del Estado, sino junto a los representantes de los acusados. De momento, en esta instrucción, Terra Mítica, con un 20% de capital de la Generalitat, figura como sociedad denunciada.