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COLUMNA

Después del Estado de la Nación

La reforma del estatuto de autonomía para Andalucía ha encontrado su lugar en el debate sobre el Estado de la Nación, aunque no al mismo nivel que la reforma del estatuto de Cataluña. Tanto en el discurso del presidente del Gobierno como en el del líder del principal partido de la oposición ambas reformas han sido presentadas como los modelos de lo que debe ser y de lo que no debe ser la estructura del Estado. Para el presidente del Gobierno, la reforma de ambos estatutos supone el reconocimiento normativo de la pluralidad de España adecuado a los veinticinco años de ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía. Para el presidente del Partido Popular, supone justamente lo contrario, la ruptura del modelo expresivo de la compatibilidad de la unidad española con el reconocimiento del derecho a la autonomía trabajosamente construido durante estos últimos 25 años.

Parlamentariamente, el enfrentamiento entre ambas posiciones había quedado resuelto en estos últimos meses. La reforma estatutaria catalana ha superado su tramitación en las Cortes Generales y ya sólo queda su aprobación en referéndum el próximo 18 de junio. La reforma estatutaria andaluza, aunque apenas se ha iniciado su tramitación parlamentaria en las Cortes, se puede anticipar que recorrerá todo el camino sin grandes sobresaltos y que en el otoño habrá quedado listo el texto para ser sometido a referéndum.

Esto estaba decidido antes de la celebración del debate sobre el Estado de la Nación. Lo que este debate, posiblemente, ha añadido es la conversión de la mayoría parlamentaria de estos últimos meses en mayoría ciudadana. Las reformas estatutarias catalana y andaluza han tenido mayorías parlamentarias, en los Parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales, pero no estaba claro que hubiera una mayoría ciudadana de alcance general, esto es, en el conjunto del Estado, a favor de las mismas. Podía haber una mayoría ciudadana en las comunidades afectadas, pero no en el conjunto del Estado.

Esto último es lo que, posiblemente, ha conseguido el fracaso de Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación. El pasado martes quebró de manera definitiva e irreversible el discurso que venía repitiendo machaconamente el PP acerca de la ruptura de la unidad de España. Lo que tuvo de pólvora seca ese discurso inmediatamente después de la aprobación de la reforma del Estatuto por el Parlamento de Cataluña se ha convertido en pólvora mojada en el transcurso de estos meses. El martes se puso de manifiesto de manera inequívoca en el Pleno del Congreso de los Diputados. La ruptura de la unidad de España como consecuencia de las reformas estatutarias no se lo cree ya nada más que el núcleo duro e intransigente del PP, expresión de una parte de la sociedad española que existe, pero que, afortunadamente, es muy minoritaria.

Para la reforma catalana lo ocurrido este martes no significa nada, ya que el PP no tiene posibilidad de corregir su trayectoria, pero para la reforma andaluza sí puede tener mucho significado. Continuar con el mismo discurso no puede conducir nada más que al suicidio. Entre otras cosas, porque el Estatuto de Cataluña reformado será ratificado como Ley Orgánica por las Cortes generales y será publicado en el BOE, incorporándose de esta manera al "bloque de la constitucionalidad" y los ciudadanos comprobaremos que ni se rompe España ni avanzamos hacia la balcanización del país. ¿Podrá el PP en esas circunstancias seguir manteniendo el mismo discurso respecto de la reforma estatutaria andaluza? A veces los partidos pierden el instinto de conservación. No es frecuente que ocurra, pero a veces sucede. Cuanto más joven es un partido, más fácil es que pueda sucumbir al vértigo del suicidio. Y el PP es un partido muy joven resultante de la refundación de otro partido muy joven que había recogida la herencia de otra partido también muy joven (UCD), que se suicidó en Andalucía el 28-F de 1980. En los próximos meses vamos a tener ocasión de comprobarlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de junio de 2006