Apostar por los servicios sociales
Plantea el autor que el envejecimiento de la población y los cambios en la familia sitúan en una encrucijada al sistema de protección
La iniciativa del Gobierno central de promover una ley para la atención social a las personas en situación de dependencia se produce en un momento en el que en la comunidad autónoma del País Vasco se estaba abriendo el debate para la reforma del sistema vasco de servicios sociales. Efectivamente, a finales de 2004, el Consejo Vasco de Bienestar Social aprobó por unanimidad un informe en el que incorpora doce conclusiones y recomendaciones que reflejan la situación y las mejoras que necesita esta pieza clave de nuestro sistema de protección social. En dicho informe se plantea la necesidad de establecer y garantizar derechos universales y exigibles en materia de servicios sociales, ligados a una cartera clara de prestaciones y servicios y a una financiación suficiente y sostenida. También se propone un despliegue más homogéneo y equitativo de los servicios sociales en todo el territorio de nuestra comunidad y una mayor articulación y coordinación de un sistema que, en muchas ocasiones, ha crecido de manera desordenada. El informe, además, anima intensamente a introducir mejoras en cuestiones de accesibilidad, proximidad, calidad de vida laboral, información, participación y, en última instancia, calidad de atención a una ciudadanía que, muchas veces, apenas percibe y aprecia lo que los servicios sociales pueden ofrecerle.
En las últimas décadas crecen los desajustes entre el sistema de bienestar y las necesidades sociales
El debate se va desarrollando a lo largo de 2005, animado en buena medida por nuestras diputaciones forales que reclaman una mayor financiación, basándose especialmente en el incremento de la demanda de servicios sociales por parte de las personas, sobre todo mayores, en situación de dependencia. Esta exigencia viene a sumarse a la tradicional reivindicación por parte de nuestros ayuntamientos, por su condición de importantes protagonistas de la acción social pero insuficientemente dotados de recursos económicos para ella. El Gobierno vasco no se queda atrás y recuerda su papel clave, tanto en calidad de responsable directo de algunas prestaciones -singularmente para las personas en situación de exclusión social-, como en virtud de su función central en la regulación y coordinación del sistema. La revisión prevista para antes de finalizar 2006 de la ley del Cupo y de la ley de Aportaciones de las Diputaciones Forales a los presupuestos de la Comunidad Autónoma contribuye a aumentar el interés sobre el despliegue y la financiación de los servicios sociales.
El debate sobre los servicios sociales, por tanto, está cada vez más presente en nuestra agenda política y social, y ello, seguramente, no es casual sino que responde a la encrucijada en la que se encuentra nuestro sistema de protección o bienestar social. Dicho sistema fue construido partiendo del supuesto de que estables y tupidas redes familiares y comunitarias (y, en ellas, fundamentalmente, las mujeres) se ocuparían de brindar un amplio abanico de apoyos a aquellas personas que, de forma transitoria o permanente, se encontraran en situaciones de vulnerabilidad, riesgo, desprotección, dependencia, exclusión o desamparo. Dicho planteamiento responde al modelo social del varón sustentador, del hombre con una trayectoria laboral extensa e intensa que es la generadora de derechos sociales. Estos se concretan, básicamente, en tres pilares: el sistema educativo, el sistema sanitario y el sistema de pensiones o de garantía de rentas.
Sin embargo, en las últimas décadas este panorama se está modificando radicalmente debido a la emergencia de nuevos riesgos y procesos sociales que están alterando esos supuestos y, por tanto, incrementando exponencialmente los desajustes entre el sistema de bienestar social y la realidad social a la que debe dar respuesta. En ese contexto, a juicio de un abanico de agentes sociales cada vez más amplio, se impone la necesidad de configurar el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de bienestar, con envergadura y estructuración equiparables a los otros tres mencionados. ¿Por qué? Precisamente porque los servicios sociales están estratégicamente colocados en la interfaz entre el sistema formal de protección social y esas redes familiares y comunitarias cambiantes de las que hemos hablado. Precisamente porque los servicios sociales se dedican a ese apoyo personal, a esa atención domiciliaria o residencial, a esa intervención comunitaria cuya necesidad se está incrementando exponencialmente en este momento histórico. Precisamente porque los servicios sociales son una pieza clave para responder a una serie de riesgos sociales -a veces, ocultos o difusos, a veces emergentes y urgentes- que afectan de forma importante a la calidad de vida de la población, al bienestar social y, en definitiva, a la sostenibilidad de nuestra sociedad.
Nos encontraríamos, por tanto, en el momento de apostar, colectivamente, por los servicios sociales. Si no actuamos con decisión y unidad y dejamos pasar la confluencia de factores a la que se hacía referencia al comienzo del artículo, es muy probable que se acentúen gravemente las disfunciones y problemas que analizaba el mencionado informe del Consejo Vasco de Bienestar Social. Sin embargo, las instituciones públicas vascas pueden volver a ser, como en muchas otras ocasiones, pioneras a la hora de dar pasos en el despliegue y construcción de este sistema, mediante un trabajo combinado con la elaboración y despliegue de la ley española sobre la Dependencia y una nueva ley vasca de Servicios Sociales. Tenemos la suerte de contar con muchas e importantes entidades de iniciativa social con una interesante trayectoria de colaboración, desde su independencia y singularidad, con el sector público. Formamos parte del sistema unos cuantos miles de hombres y, más aún, de mujeres, con un valioso bagaje de memoria histórica, conocimiento del medio y capacidad técnica utilizable en el desarrollo que los servicios sociales necesitan. Y cada vez hay más agentes y sectores sociales conscientes de la necesidad, veinticinco años después del inicio del proceso de construcción del sistema vasco de servicios sociales, de apostar de nuevo por ellos. Es el momento de la visión estratégica, de la suma de esfuerzos, de la altura de miras. ¿Seremos capaces de hacer, de mantener y de ganar esta apuesta?
Fernando Fantova es consultor de servicios sociales.
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