Guipúzcoa recalca en las Juntas que no le afecta nada el fallo de los peajes en la A-8

La Diputación de Guipúzcoa reiteró ayer que mantiene una política distinta a la de Vizcaya sobre el peaje de la A-8 y, por tanto, no le "afecta para nada" la sentencia en la que el Tribunal Superior vasco anuló la norma foral vizcaína que regula el cobro por el uso de la carretera. Ésta es la tesis que sostuvo ayer el diputado para las Infraestructuras Viarias, Javier Zuriarrain, en las Juntas Generales con una batería de argumentos, tras recordar además que la resolución no es firme y que está a punto de aprobarse una directiva europea que dejaría el fallo obsoleto.

Zuriarrain compareció en la Comisión de Infraestructuras del Legislativo foral a petición del grupo popular, cuyos compañeros de Vizcaya presentaron un recurso contencioso-administrativo en 2003 contra la norma vizcaína, que establecía que los ingresos del peaje se destinarán a financiar del Plan Especial de Accesibilidad de Vizcaya, en el que figuran obras de envergadura como el corredor del Cadagua. El tribunal sentenció el pasado mes de abril que las tarifas establecidas por la Diputación vizcaína se "extralimitan y son contrarias a Derecho", ya que no sólo cubren los gastos de conservación de la vía, sino que se utilizan además para financiar un "ambicioso plan de infraestructuras".

Guipúzcoa y Vizcaya comparten la titularidad de la A-8 desde 2003, tras 35 años de concesión. Por eso, conocido el fallo del tribunal saltaron las alarmas en el territorio vecino. "No nos afecta para nada, para nada, para nada", enfatizó Zuriarrain ayer por la tarde ante los junteros de la comisión. Primero, argumentó, la norma guipuzcoana "no hace ninguna referencia a la utilización del canon en otras carreteras, como sí lo hace la de Vizcaya". Segundo, "nosotros efectuamos importantes gastos en mejoras en infraestructuras". Y, tercero, "tenemos una política de descuentos". Obvió que este tipo de política también se aplica en Vizcaya.

Recordó además Zuriarrain que en Guipúzcoa existen otras vías sujetas a peaje, como la AP-1, y la Diputación mantiene una línea de crédito con el Banco Exterior de 400 millones de euros para financiar infraestructuras. "Así que no nos identificamos con lo que ha sucedido en Vizcaya, porque hay diferencias sustanciales", sentenció, tras extenderse en justificar que el Ejecutivo foral no ha hecho más que cumplir con las recomendaciones realizadas en su día por la ponencia de infraestructuras. Por mandato suyo creó, por ejemplo, la agencia Bidegi, que gestiona las autopistas en Guipúzcoa.

En todo caso, Zuriarrain no se limitó a enumerar este catálogo de diferencias con la política de peajes de la Diputación de Vizcaya . Dio un paso más para tranquilizar a los miembros de la comisión, aludiendo ya a "blindajes" externos a la situación guipuzcoana. Para empezar recordó que la resolución del Superior está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y que además, la normativa europea protegerá en breve, incluso a Vizcaya. "La Comisión Europea ha propuesto que se apruebe" una modificación de la normativa que autoriza la imposición de recargos en los peajes "cuyos ingresos deben destinarse a inversiones de infraestructuras alternativas en la propia vía o en otras de la red del corredor europeo y los estados tienen dos años para adaptarse", recordó. También citó como tercer seguro de la norma foral el proceso que se está impulsando para que las normas forales adquieran rango de ley. De esta forma, no se lograría un blindaje total, le apuntó el portavoz socialista, Miguel Buen, ya que las normas serían recurribles al Constitucional.

Las explicaciones y justificaciones del diputado foral para las Infraestructuras Viarias no acabaron de convencer a varios de los grupos que, sin embargo, apenas le rebatieron ni ofrecieron demasiados argumentos para el debate. El popular Iñigo Manrique, quien había solicitado su comparecencia, apenas señaló: "He querido creer que usted está tranquilo" porque el fallo "no afecta a Guipúzcoa", pero es importante que se aclare si realmente el dinero recaudado en la A-8 y en la AP-1 se queda en esas infraestructuras.También preguntó si "cualquier otra infraestructura de Bidegi conllevaría poner un peaje para lograr la financiación".

Zuriarrain aprovechó una precisión de Buen para indicar que la Diputación encomendará la tarea a la agencia y consignará los recursos necesarios. Tampoco EB ni Aralar sostuvieron su preocupación sobre una base sólida. "Hemos leído la sentencia, la ponencia de la legislatura pasada y no compartimos la valoración. Nos da la impresión de que también nos puede afectar", señaló Rebeca Ubera, de Aralar. Elías Maestro, de EB, quien reconoció no haber leído el fallo judicial, le dijo a Zuriarrain: "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar".