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Gobierno, sindicatos y patronal llegan a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones

Las parejas de hecho tendrán prestación de viudedad, y se eleva el tiempo mínimo de cotización

El Gobierno, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal CEOE llegaron anoche a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones, un proyecto que extenderá la prestación de viudedad a parejas de hecho y elevará el tiempo de cotización mínimo requerido para percibir una pensión. Son dos de las principales medidas de una reforma, cuya negociación se ha prolongado durante más de un año. El acuerdo firmado tras meses de negociaciones se firmará previsiblemente en el palacio de la Moncloa, entre los próximos 7 y el 8 de junio.

Apenas un mes después de cerrar la reforma laboral, Gobierno y agentes sociales han cerrado el otro fleco pendiente del departamento que dirige Jesús Caldera. Representantes del Ministerio de Trabajo, de los sindicatos UGT y CC OO y de la patronal CEOE, mantuvieron ayer la última reunión de este proyecto, que sirvió para cerrar los últimos detalles de la reforma de la Seguridad Social. Las principales novedades son:

- Viudedad. Esta prestación, que perciben 2,2 millones de personas, se ampliará al colectivo de las parejas de hecho, aunque con condiciones más estrictas que las que se exigen a los matrimonios. Las parejas tendrán que acreditar una convivencia "mutua, estable y notoria, durante un periodo amplio", según el borrador sobre el que trabajan los negociadores. Ese periodo no se definirá en el acuerdo, sino posteriormente, en el desarrollo reglamentario. En todo caso, será superior a dos años e irá acompañado de otro requisito de dependencia económica. Si existen hijos se exigirá una dependencia superior al 50% de los ingresos del fallecido. Si no hay descendencia, la dependencia deberá superar el 75%.

- Periodo mínimo de cotización. Los trabajadores tendrán que cotizar más días para tener derecho a la pensión. En la actualidad se exigen 15 años cotizados para acceder a la prestación, pero en la práctica basta con 12,87, pues las pagas extraordinarias cuentan como periodo cotizado (es decir, un año afiliado equivale a más de un año a efectos de este cálculo). A partir de ahora se exigirán 15 años reales (equivalentes a 5.475 días frente a los 4.700 actuales). El aumento será progresivo en un plazo de cinco años. Fuentes de la negociación consideran que esta medida afecta al 3% del sistema.

- Prejubilados. El acuerdo establece mejoras para estos trabajadores, que perciben el desempleo cuando la empresa prescinde de ellos hasta que tienen edad para jubilarse (anticipadamente o no).

En el caso de despidos colectivos, la empresa firma un convenio con la Seguridad Social para seguir cotizando por la misma cuantía que cuando el trabajador estaba en activo, y de esta forma no sufre merma en la pensión. Pero en los despidos individuales, los servicios públicos de empleo cotizan por el trabajador sólo la cuantía del salario mínimo durante los años que percibe el desempleo. El objetivo es que la cotización ascienda ahora al 125% de esa renta mínima para los mayores de 52 años.

- Trabajar después de los 65. Quienes decidan prolongar su vida laboral verán crecer su pensión: un 2% por cada año de retraso voluntario y un 3% si el trabajador lleva ya 40 años cotizados. Pero la pensión no podrá crecer de forma ilimitada: será como máximo 600 euros superior a la pensión máxima (actualmente, de 2.232,54 euros mensuales). No sólo los trabajadores tienen un incentivo para continuar trabajando. El empresario que decida mantener a su empleado a partir de los 55 años percibirá una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora, el sistema público financia el 40% si el trabajador tiene 60 años, un porcentaje que llega al 90% si tiene 64.

- Enfermedades profesionales. Se elabora una lista de enfermedades más acorde con la realidad (la actual lleva 26 años en vigor). Se modifican las tarifas que pagan las empresas por contingencias profesionales.

- Unificación de regímenes. El régimen especial agrario y el régimen de empleados de hogar tenderán a desaparecer y a integrarse en el régimen general de la Seguridad Social, según recomienda el Pacto de Toledo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de mayo de 2006