El fiscal pide que se reabra el 'caso Pallerols' y cree que se puede acusar a Unió de partícipe a título lucrativo

El fiscal Fernando Rodríguez Rey ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que corrija a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 y reabra el caso Pallerols, relativo a la supuesta financiación irregular de Unió a través de los cursos de formación procedentes del Departamento de Trabajo. Frente al criterio de la magistrada Silvia Mejía, que archivó el caso, el fiscal no sólo insiste en que los hechos encajan en los delitos de malversación, fraude de subvenciones y cohecho, sino que opina que también se puede acusar del delito de receptación como "partícipe a título lucrativo" a Unió y a las personas físicas beneficiarias del dinero desviado.

La fiscalía considera que los más de siete años que han transcurrido desde que la justicia investiga el caso han servido para reunir pruebas concluyentes para sentar en el banquillo al empresario andorrano Fidel Pallerols y a siete personas más. Por ese motivo, el fiscal concluye su recurso diciendo que, ante esa situación, "resulta, no muy difícil sino imposible", sostener que los hechos no son delictivos.

La fiscalía considera "evidente e incuestionale" que se produjo un delito de fraude de subvenciones porque las cantidades desviadas hacia Unió superan el límite legal previsto. La tesis de la acusación pública es que el 10% de los fondos públicos que recibían las academias del grupo Pallerols sirvieron para financiar al partido que lidera Josep Antoni Duran Lleida.

El recurso del fiscal insiste en que en las anotaciones contables y personales intervenidas al empresario aparecen como receptores del dinero desviado personas que ocupaban cargos relevantes en el Departamento de Trabajo que concedieron e intervinieron en la tramitación de las subvenciones. También se destaca "la íntima conexión que se aprecia entre el Departamento y el partido polícito", pues los imputados o son militantes, responsables del partido y/o funcionarios, de Trabajo. De ahí que pudiera haberse producido malversación, así como un delito de cohecho por parte de los funcionarios de la Generalitat que intervinieron en la tramitación de las subvenciones.