200 respuestas contra la tesis conspirativa del PP

El Gobierno remitió ayer al Congreso de los Diputados las respuestas a las más de 200 preguntas formuladas por el PP respecto a lo que el principal grupo de la oposición considera incógnitas no despejadas sobre el atentado del 11-M, que causaron 191 muertos y más de 1.500 heridos.

Las preguntas del PP van dirigidas a conocer si la matanza tuvo entre sus organizadores a miembros de la banda terrorista ETA y si hubo colaboradores necesarios de los terroristas para la comisión de ese atentado en otras instituciones españolas o extranjeras, o en agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

En muchas ocasiones, las respuestas se remiten al auto de procesamiento del juez Del Olmo y basándose en ese documento, desmienten que, por ejemplo, se rompiera la cadena de custodia de la mochila bomba encontrada en los andenes de la estación de El Pozo y cuya desactivación permitió avanzar en la investigación de los autores del atentado.

Al Qaeda: "La vinculación de Al Qaeda deberá acreditarse en el proceso judicial, si bien dicha organización se atribuyó el 11-M"

Confidentes: "Los confidentes no suelen contar a la policía sus delitos, sino los de otros. (...) Zouhier buscó compradores sin contarlo a nadie"

Explosivos: "No existía instrucción de la superioridad sobre la obligación de comunicar la tenencia de explosivos a la Guardia Civil"

Policía: "La policía no conoció la operación de suministro de explosivos. En caso contrario hubiera desbaratado la operación"

Guardia Civil: "El guardia civil 'Víctor' no aparece imputado en ninguna causa penal por suministro de armas"

Relación con ETA: "No se tiene ninguna constancia de que existieran relaciones entre los islamistas y los etarras"

Lo que sigue es un resumen de las respuestas del Gobierno rechazando las teorías manejadas por el PP con datos suministrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por la investigación judicial.

- Uso de teléfonos móviles por ETA en sus atentados. El Gobierno relata en su respuesta el tipo de temporizadores que ha usado ETA en todos sus atentados y recuerda que cuando la banda terrorista ha utilizado teléfonos móviles, lo ha hecho como activador a distancia y en ningún caso como temporizador. El servicio de despertador de los teléfonos móviles fue utilizado por los terroristas del 11-M como temporizador para activar las bombas colocadas en los trenes. En otra respuesta, el Ejecutivo señala que "no se ha recuperado ningún temporizador en los trenes por lo que no se puede determinar el tipo de temporizador utilizado en las bombas que explotaron". Respecto a la metralla de las bombas, por la que pregunta el PP, el Gobierno señalada que "no se puede acreditar el origen de la misma".

- Implicación de la policía. Pregunta el PP, que gobernaba cuando ocurrió el atentado del 11-M, sobre los motivos por los que la policía "no fue capaz de conocer y desbaratar la operación de suministro de explosivos que se estaba produciendo para ejecutar los atentados del 11-M, siendo José Emilio Suárez Trashorras confidente del comisario Manuel García Rodríguez". El Gobierno contesta: "Los confidentes no suelen contar a la policía sus delitos sino los de otros. Es evidente que la policía no conoció la operación de suministro de explosivos ya que en caso contrario hubiera con toda seguridad desbaratado la operación".

El Ejecutivo explica en su respuesta que se ha investigado dónde guardaron los terroristas el explosivo antes del 11-M "pero no se tiene constancia del lugar exacto". "Rafá Zouhier si buscó compradores para la dinamita pero sin comunicárselo a la Guardia Civil", responde también el Gobierno.

- Relaciones entre el terrorista islamista El Chino y ETA. El PP, haciéndose eco de informaciones que nunca se confirmaron, preguntaron por la relación existente entre Jamal Ahmidan, El Chino, suicida de Leganés implicado en el 11-M, con la banda terrorista ETA. "No se tiene ninguna constancia de que existan dichas relaciones y no existe ningún informe que recoja este extremo", responde el Gobierno. También desmiente que el ex minero Suárez Trashorras declarara ante la policía que conocía a dos miembros de ETA.

- Jubilado el policía relacionado con los móviles del atentado. El PP pregunta por la situación del sirio Maussili Kalaji, policía nacional y propietario de un comercio en el que fueron liberados los teléfonos móviles de las mochilas bomba, y su implicación en el atentado. "El agente", contesta el Gobierno, "está jubilado por incapacidad permanente desde el 4 de abril pasado y las investigaciones realizadas no han conducido a ninguna petición de responsabilidad". En otra respuesta, el Gobierno niega que existan informes policiales en los que se acusa a Kalaji de montar los artefactos explosivos utilizados en los atentados del 11-M.

- La desaparición de una nota manuscrita con los nombres de etarras. El PP pregunta por la pérdida de la nota encontrada con los nombres de los etarras Henry Parot y Harriet Iragi en los bolsillos del terrorista islamista Benesmail Abdelkrim, preso desde 1997. El Gobierno explica que en el curso de una operación dirigida por un juez se le cacheó en su celda y se le encontró la nota. "Se procedió a realizar fotocopias de las citadas notas, que fueron entregadas a los funcionarios judiciales que le iban a tomar declaración, devolviendo el original al interno, por lo que de la citada nota no quedó copia en custodia del centro penitenciario".

- Pruebas que apuntan a Al Qaeda. El PP pregunta por las pruebas para asegurar que los autores del 11-M pertenecen a Al Qaeda. Y el Gobierno contesta que la vinculación deberá acreditarse en el proceso judicial "si bien dicha organización terrorista se atribuyó los atentados de distintas formas". Y cita dos comunicados, uno de ellos de Bin Laden y otro de Ayman al Zawahiri.

- Información clasificada. El Gobierno rechaza informar al PP sobre si Antonio Toro, cuñado del ex minero Suárez Trashorras, que supuestamente colaboró con los terroristas para la consecución de los explosivos, tiene relación con el Centro Nacional de Inteligencia. Tampoco contesta el Gobierno a la pregunta del PP sobre la razón por la que el general Valera [de la Guardia Civil] no reconoce hasta el 18 de marzo de 2006 que Rafá Zouhier es confidente de uno de sus agentes. Recuerda el Gobierno que la "materia referida al contenido de esa pregunta está considerada materia clasificada por un acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996".

- Descoordinación. El PP pregunta por qué razón en 2001, cuando la policía desbarató una operación de narcotráfico en la que se incautaron detonadores y cartuchos de Goma 2 -en dicha operación estaban las mismas personas que luego colaboraron con los islamistas del 11-M-, no se informó a la Guardia Civil. El Gobierno recuerda que, durante el mandato del PP, "no existía instrucción de la superioridad sobre la obligación de comunicar la tenencia de armas o explosivos a la Guardia Civil".

- Falta de vigilancia a terroristas. El PP quiere saber por qué durante su etapa de Gobierno y sólo un mes antes de los atentados, se suspendieron los controles en pisos, locales y empresas de islamistas relacionados con el 11-M "a pesar de constar la colaboración de estas personas en actividades relacionadas con el terrorismo islamista". El Gobierno socialista recuera que fue "el responsable de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid quien determinó la interrupción para atender las necesidades de otros servicios que se consideraban prioritarios".

- Guardia Civil que suministra armas a islamistas. El PP llega a preguntar si un agente de la Guardia Civil, cuyo alias es Víctor, ha suministrado las armas que portaban los terroristas islamistas en la reivindicación del atentado. "El guardia civil "Víctor" no aparece imputado ni en los atentados del 11-M ni en ninguna causa penal por suministrar armas".

Muchos de los supuestos informes policiales que el PP cita en sus preguntas para implicar a ETA o a otros, no existen, según el Gobierno.