El consejero de los PAI

Rafael Blasco (Alzira 1945) es el centro de la remodelación anunciada ayer por el presidente Francisco Camps, que no solo contó con él en 2003, nada más acceder a lo más alto de la Generalitat, sino que le confió una de las macrocarteras de su gabinete: la suma del urbanismo, la vivienda y el medio ambiente. El balance, tres años después, es agridulce.

En este tiempo, Blasco, considerado un político de largo recorrido, un gestor incombustible, se ha caracterizado por su prolífica actividad legislativa -ha aprobado más de cuatro nuevas leyes, tres de ellas con el único aval del PP, que gobierna la Generalitat con mayoría absoluta-, pero también -y eso parece haber pesado en la remodelación- por la condena que el urbanismo valenciano ha recibido de las instituciones europeas. Y por la gran contestación social que han tenido sus políticas de puertas adentro. El próximo sábado se enfrentaba, de hecho, a otra manifestación convocada por la plataforma Compromís pel Territori en contra de su concepción de ordenación del territorio y en demanda de una moratoria. Es el consejero de los PAI -Programas de Actuación Integrada-, del Manhattan de Cullera, de las sociedades mixtas del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).

Polemista por excelencia, ha tenido roces políticos con la oposición pero también algún que otro rifirrafe con alguno de sus compañeros de gobierno. Son conocidas sus grandes controversias con las ministras socialistas de Vivienda, María Antonia Trujillo, y con la de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Pero también han trascendido sendas enganchadas con la consejera de Cooperación, la zaplanista Gema Amor, y con el titular de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, a propósito del proyecto del Plan de Acción Territorial del Litoral, donde Blasco introdujo importantes cambios en la planificación de infraestructuras -es el caso del acceso norte al puerto de Valencia- sin haberlo discutido previamente con García Antón.

Blasco no es un hombre que tema los cambios. Así lo refleja su currículo, donde llama la atención que sea uno de los pocos políticos que ha desempeñado la cartera de Obras Públicas con un gobierno del PSOE y más tarde con otro del PP. Tras un periplo judicial, en 1995, ya separado del partido socialista, acompañó al emergente Eduardo Zaplana hasta la presidencia de la Generalitat. Con él ocupó la Secretaría de Planificación de Presidencia, luego la Consejería de Empleo y la de Bienestar Social.

Blasco se enfrenta ahora en la cartera de Sanidad a la construcción del nuevo hospital La Fe en Valencia, que se prevé que entre en funcionamiento en diciembre de 2009 y cuyas obras están por delante de los plazos previstos, según la consejería. Más a medio plazo, queda la puesta en marcha de los diferentes hospitales de gestión privada que siguen la estela del hospital de Alzira a los que Rambla dio un importante impulso. El primero será el centro de Torrevieja, que se pondrá en marcha en meses. Recientemente comenzaron las obras en Dénia y más lejos en el calendario se construirán los de Manises y Elche, también de control privado. Paralelamente, está previsto un hospital en Gandia, otro en Llíria y un centro auxiliar en La Vall d'Uixó, todos ellos públicos.

Blasco heredará un gabinete hecho a la medida de Rambla, que se deshizo de los altos cargos heredados, y una consejería tranquila, sin sobresaltos y con buena parte de los proyectos funcionando, como la carrera profesional, la informatización de la sanidad -pese a los fallos del mes pasado- o la nueva gestión de los departamentos de salud por objetivos. Está prevista la inauguración del centro de Torrevieja en meses.