Empresas bajo control

En Estados Unidos, cada vez más empresas deben hacer público el uso privado que hacen sus directivos de los aviones de las compañías. Hasta ahora los utilizaban sin dar cuenta a nadie, aunque fuera para ir de fin de semana a sus casas en la costa. Es el típico caso de confusión de lo que debe pagar cada ejecutivo de su bolsillo y lo que puede ir por cuenta de la empresa, es decir, de los miles de accionistas que no viajan en avión privado.

Esta situación se ha producido porque existe un ambiente de presión sobre los ejecutivos desde que estallaron los escándalos, inaugurados por Enron a finales de 2001. Ha sido la rebelión de los pequeños accionistas que quieren saber cómo se administra el dinero de las compañías en las que depositan sus ahorros.

No podrá considerarse independiente un consejero nombrado por el presidente

En la primera economía del mundo se produjo una quiebra total del sistema de controles y contrapesos -checks and balances, en inglés- que debe prevalecer en todo mercado para que sus ejecutivos no ejerzan un poder absoluto sin dar cuentas a nadie. Falló todo: la responsabilidad de los consejos de administración, la transparencia en la retribución de directivos y consejeros, la independencia de los auditores, los conflictos de interés en los bancos de inversión... La alarma social generada llevó a los poderes públicos a impulsar una reforma legal, plasmada en la Ley Sarbanes-Oxley, para poner fin a los abusos de los administradores.

Europa, por su parte, sufrió su dosis de escándalos con la italiana Parmalat y la holandesa Ahold. Los ejecutivos había mentido en las cuentas de resultados, sacaron dinero a los paraísos fiscales y las empresas cotizaban con valores ficticios. En España también saltaron las alarmas tras dos escándalos. Uno estaba bajo el control de la CNMV y otro del Banco de España. Gescartera, agencia de valores, ha quedado en el recuerdo como el típico ejemplo de desvío de dinero de los clientes a cuentas privadas en Suiza. El segundo fue el de las cuentas secretas del BBV en el paraíso fiscal de Jersey. Tras su fusión con Argentaria, en 2001 se supo que el BBV tenía 18.000 millones de las antiguas pesetas fuera de las cuentas públicas y que utilizó para pagar pensiones a los consejeros.

Ante esta situación, la Comisión Europea también puso manos a la obra y elaboró diversas propuestas y recomendaciones para controlar los consejos. Se trataba de derribar los muros opacos que permitían a los presidentes actuar sin transparencia y ejercer un poder absoluto que facilita la corrupción.

Pero en el Viejo Continente, más que la imposición de normas, se ha asumido que el buen gobierno debe articularse a través de códigos éticos, de cumplimiento voluntario, aunque se imponga la obligación legal de informar sobre si se cumplen o no y, en este último caso, se justifique por qué.

El Código Cadbury, elaborado en el Reino Unido en 1992 tras el escándalo del Bank of Credit and Commerce Internacional (BCCI) fue el precursor de estos códigos.Los vientos del buen gobierno de la empresa llegaron a España, pero algo más tarde. El primer código, el denominado Olivencia, se elaboró en 1998. El último, el Código Conthe, se aprobó el lunes pasado. En medio, en 2004, vio la luz un segundo código, elaborado bajo la dirección de Enrique de Aldama, presidente de la patronal de las grandes constructoras.

El nuevo Código Unificado de Buen Gobierno, que será la referencia para las empresas cotizadas españolas a partir de 2008, cuenta con 58 recomendaciones, en lugar de las 74 que contenía su primer borrador. "Se ha hecho un trabajo muy concienzudo para ver qué se podía cambiar", opina José María Garrido, catedrático de Derecho Mercantil y consejero del bufete Cuatrecasas, que participó en la redacción del código en su calidad de asesor de la Comisión Europea en buen gobierno. Los abogados Fernando Vives y Javier Pérez-Ardá, socios del primer despacho español, Garrigues, consideran que el texto definitivo del Código Unificado "no ha dejado feliz a nadie, lo que es un síntoma de que no es malo".

Uno de los aspectos clave del código español es la importancia que da a la figura del consejero "independiente". Con este ambicioso nombre se denomina al que no tiene vinculación alguna con los accionistas significativos de una empresa ni con sus directivos. Los consejeros independientes, en una compañía con una buena proporción de su capital en el mercado, se convierten, de acuerdo con la doctrina de buen gobierno que se ha venido fraguando en los últimos años, como representantes del pequeño accionista.

Pero, ¿cómo definir la independencia de un consejero? Uno de los pasos adelante que ha dado el Código Unificado es definir taxativamente los que "no" se puede denominar "en ningún caso" consejero independiente. Así, quedan excluidos quienes hayan sido empleados o ejecutivos de la sociedad salvo que hayan transcurrido tres o cinco años, respectivamente y tampoco quienes hayan sido auditores externos de la compañía en los tres años anteriores. Hasta nueve condiciones negativas describe el Código Unificado para tachar como no independientes a los consejeros que no las cumplan.

Pero la más importante es que no se considerará independiente a un consejero que no haya sido propuesto por la comisión de nombramientos, que debe constituirse dentro del consejo, a su vez, con mayoría de independientes. Esta recomendación tendrá más efectos de los que parece a simple vista, puesto que muchos de los consejeros que muchas empresas llaman independientes no la cumplen.

¿Son eficaces los códigos voluntarios de buen gobierno? Según uno de los miembros de la Comisión Olivencia, que prefiere permanecer en el anonimato, "se ha avanzado en transparencia en los últimos diez años". Pero, señala, las empresas son aún reacias, por ejemplo, a detallar la remuneración individualizada de sus consejeros.

Otro miembro de la misma comisión, que también prefiere evitar ser identificado, cree que con el Código Unificado no se ha resuelto el problema. "El problema es la reparación", señala. "Lo que no puede ser es que una persona utilice una sociedad mercantil para su propio enriquecimiento personal y se vaya de rositas". A su parecer, sería más eficaz establecer "pocas normas, pero buenas", acompañadas de un sistema sancionador "contundente".

Fuera de España, los principales mercados han adoptados sus propias normas para garantizar el suficiente grado de transparencia en las empresas que cotizan. Cada país los regula según sus prioridades y herencias culturales, aunque comparten algunos criterios comunes.

- Estados Unidos. Las normas de buen gobierno para las empresas que cotizan en Wall Street se basan en las disposiciones recogidas en la Ley Sarbanes-Oxley, un paquete legislativo que aprobó el Congreso de EE UU en 2002 como respuesta al escándalo Enron. A partir de esta ley, la Bolsa de Nueva York o New York Stock Exchange (NYSE) y el Nasdaq, desarrollaron sus propias reglas para obligar a las empresas a reforzar los controles internos.

El artículo 404 de la Sarbanes-Oxley es uno de los más estrictos. Obliga a las corporaciones a presentar ante el regulador de los mercados en EE UU, la Securities and Exchange Commission (SEC), un informe de sus controles internos revisado por auditores externos.

Es también la disposición de la discordia. El NYSE considera que este apartado es demasiado exigente, costoso y complejo, lo está provocando que muchas firmas se estén planteando hasta qué punto les compensa seguir cotizando en Wall Street.

Por su parte, las normas de buen gobierno del NYSE y del Nasdaq incluyen una definición muy precisa de los requisitos para que un consejero sea considerado independiente, e imponen la creación de comisiones que vigilen las prácticas de gobierno de la empresa, las auditorías internas, o los nombramientos y retribuciones de los ejecutivos.

- Reino Unido. Los mercados financieros británicos están supervisados por la Autoridad de los Servicios Financieros (FSA en sus siglas en inglés), con cerca de 3.000 empleados. En 2001 asumió los poderes de diversos organismos anteriores para erigirse en la autoridad reguladora de unas 20.000 instituciones financieras, incluyendo unas 7.500 sociedades de inversión.

Desde diciembre de 2001 dispone de un Código de Conducta del Mercado que establece los principios bajo los que han de actuar las personas e instituciones autorizadas a operar en el sector. Los infractores pueden ser sometidos a sanciones disciplinarias y a restituir el dinero perdido por terceros, pero no a pagar indemnizaciones.

- Alemania. La recomendación más polémica del código de buen gobierno alemán es la que obliga a publicar los sueldos individuales de los miembros del Consejo, sus retribuciones en acciones u opciones de compra, así como las pensiones o indemnizaciones por despido previstas en sus contratos. "Es la irrupción del socialismo en los Consejos", se ha quejado el presidente de Porsche, Wendelin Wiedeking.

Dos años después de entrar en vigor, sólo 20 de las 30 empresas del índice DAX cumplían esta regla, por lo que el Gobierno se decidió a hacerla obligatoria por ley. Desde este año, las casi 1.000 empresas cotizadas en la Bolsa de Fráncfort tienen que dar cuenta de las retribuciones de cada consejero, so pena de pagar una multa de 50.000 euros.

Pero lo más llamativo del sistema alemán es el consejo de vigilancia, un ente que supervisa al consejo de administración y que analiza las decisiones estratégicas de la empresa.

- Francia. La Autorité des Marchés Financiers (AMF) es un organismo creado en noviembre de 2003 como "autoridad pública independiente dotada de personalidad moral y que dispone de autonomía financiera". Está integrada por 16 miembros y su presidente es nombrado directamente por el presidente de la República por cinco años no renovables.

Supervisa la protección del ahorro invertido, la información de los inversores, la participación de los pequeños inversores en las juntas, el buen funcionamiento de los mercados y el control de los analistas financieros. Su poder de sanción está hoy limitado a 1,5 millones de euros, pero se estudia que pueda alcanzar el 10% de la facturación mundial.