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Editorial:

Ni romper ni ceder

Un auto del juez Grande-Marlaska conocido ayer amplía con nuevos motivos de posibles delitos la imputación contra Otegi y otros siete dirigentes de la ilegalizada Batasuna, que han sido llamados a declarar la semana próxima. A la presentación por los imputados de la nueva mesa nacional (que vulneraría la suspensión de esa organización) se sumaría ahora un posible delito de amenaza terrorista, que el juez deduce de la relación entre las declaraciones de dos etarras al diario Gara y la advertencia de dirigentes de Batasuna de que podría interrumpirse el alto el fuego si no se cumplen determinadas condiciones (en particular, que los imputados no sean encarcelados).

Los portavoces de Batasuna llevan semanas actuando como si el alto el fuego de ETA les otorgase a ellos el derecho a dejar de responder de sus (presuntas) vulneraciones de la ley; por ejemplo, el derecho a que dejase de aplicárseles la Ley de Partidos. Esa actitud merece un reproche político por parte de todos los partidos e instituciones. Sin embargo, una cosa es el reproche político y otra, el penal. La advertencia formulada hace dos días por un dirigente de Batasuna, Joseba Permach, puede considerarse una coacción a los jueces y a la sociedad, pero también, como ayer indicó un portavoz de la Asociación de Fiscales, una opinión: que el alto el fuego podría peligrar si ocurre lo que dice. La decisión del juez parece en exceso rigurosa, pero la declaración de los imputados debería servir para matizarla: si no tenían intención de condicionar a los jueces, que lo digan así el miércoles y el jueves, cuando declaren ante Grande-Marlaska.

En todo caso, el derecho penal es exigente: no bastarían indicios genéricos para considerar que existe ese grave delito. La independencia del poder judicial juega en doble dirección. No tiene por qué someterse a criterios de oportunidad política, pero la valoración política muy negativa de las declaraciones o actitudes de los dirigentes de Batasuna no tiene por qué traducirse en medidas judiciales contra ellos. La ley debe aplicarse de acuerdo con el contexto y realidad social del momento, dice el Código Civil. Sería ilógico no tener en cuenta las posibilidades abiertas por el alto el fuego; pero también lo sería ignorar otros datos de la realidad, como la entrevista de los encapuchados o la falta de cualquier comentario crítico por parte de Batasuna.

Tal vez tengan razón los que sostienen que la verdadera verificación de las intenciones de ETA sólo se producirá cuando se inicien las conversaciones. Se comprende, por ello, que Zapatero haya dado el paso de anunciarlas, a fin de evitar una ruptura provocada por circunstancias en parte aleatorias. Esa buena voluntad puede inducir a la prudencia en diferentes aspectos (evitar polémicas, etcétera), pero no a realizar concesiones como las que plantea Batasuna: la sociedad española no les debe nada, y si desean ser tratados como un partido legal deberán someterse a la ley (incluyendo la de partidos), tal como les recordó ayer la vicepresidenta. Y no podían ignorar que su táctica de poner a prueba la resistencia del Estado de derecho mediante provocaciones continuas acabaría obligando a intervenir al poder judicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de mayo de 2006