El juez amplía las imputaciones contra Batasuna por amenazas terroristas

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió ayer ampliar los interrogatorios de ocho dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, previstos para los días 31 de mayo y 1 de junio a otros hechos recientes que considera que pueden constituir un delito de "amenazas terroristas", castigado con penas de 10 a 15 años de prisión. El magistrado considera que Batasuna hace "depender explícitamente (...) el cese de la violencia del frente militar de ETA de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones".

Goirizelaia afirma que sería "muy, muy grave" que Otegi fuese enviado a la cárcel

El magistrado estima delictiva la advertencia de que bloqueará el proceso si dicta prisión

El juez Grande-Marlaska había citado a Arnaldo Otegi, Jon Gorrotxategi, Kepa Landa, Rufino Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena, Joseba Permach y Joseba Álvarez para que declaren sobre la presentación de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, lo que, a su entender, podría constituir reiteración delictiva, habida cuenta de que la formación abertzale fue ilegalizada y quedaron suspendidas sus actividades.

Ayer, Grande-Marlaska dictó una resolución por la que decidió ampliar el contenido de esas declaraciones. A su juicio, se han producido hechos nuevos que revisten caracteres de delito, como lo es, a su juicio, la "constitución de una comisión de miembros [de Batasuna] que debería integrar lo que ellos entienden una Mesa de Partidos, tras la declaración de 'alto el fuego permanente' de la organización terrorista ETA", en contra de lo que informaba ayer este periódico.

El magistrado considera también delictivas las manifestaciones de Joseba Permach, tanto el día de la presentación de la comisión como el pasado jueves, en las que hacía referencia a la necesidad de la urgente constitución de la Mesa de Partidos para garantizar el proceso de paz y sin interferencia alguna. Permach advirtió de que sería considerada una interferencia si el juez ordena la semana próxima la prisión preventiva de alguno de los dirigentes de Batasuna a los que tome declaración. Ello supondría, agregó, un "bloqueo" del proceso de paz.

Fernando Grande-Marlaska destaca que todo ello debe ponerse en relación con la entrevista concedida por miembros de ETA al diario Gara el pasado 14 de mayo. En sus declaraciones, los dirigentes de ETA afirmaban que la organización terrorista estaría vigilante sobre el desarrollo de las conversaciones políticas porque no renunciaban a sus objetivos finales, que siguen siendo la unidad territorial y la autodeterminación del País Vasco.

En su auto, el juez vuelve a recordar que Batasuna "es el frente político-institucional de la organización terrorista ETA-KAS-Ekin-Batasuna" y que los ocho dirigentes citados a declarar la próxima semana ya están imputados por delito de integración en organización terrorista. Asimismo, precisa que en documentos intervenidos por la policía, entre ellos la ponencia Oldartzen de Batasuna, se establece la necesidad de "socializar el conflicto" y, "a través del conjunto de frentes del entramado terrorista, de obligar en su caso, al Estado, a aceptar los fines inherentes a la actividad criminal desarrollada". Todo ello, agrega Grande-Marlaska, queda corroborado en la entrevista que los miembros de ETA concedieron a Gara.

La constitución de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, la designación de sus representantes en la Mesa de Partidos y las manifestaciones de Permach, así como la entrevista de los dirigentes de ETA, "forman parte de un ideario común", según el juez. En su opinión, dicho ideario trata "de hacer depender una concreta y alegada situación de ausencia de violencia y otras conductas criminales de un concreto comportamiento de contrario por parte de los poderes legítimos del Estado". Esa conducta para el juez constituye delito de amenazas terroristas y sobre ello interrogará la próxima semana a los dirigentes de Batasuna.

Jone Goirizelaia, ex parlamentaria de Batasuna y abogada de Otegi en varios de sus procesos, señaló tras conocer el auto de Marlaska: "Lo enmarcamos dentro de un ataque judicial y político permanente que están sufriendo Batasuna y la izquierda aber-tzale, un ataque judicial que tiene unas consecuencias muy graves. Desde nuestro punto de vista, demuestra que los próximos miércoles y jueves, cuando vayan a declarar estas personas, a la vista de estas resoluciones judiciales, seguramente serán encarceladas. Esto es muy, muy grave". "Basta ya", se quejó. "Es urgente acabar con estas actuaciones y, para ponernos en un camino diferente, empezar a trabajar a favor del proceso", añadió.

Antes de conocer la decisión del juez, el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, uno de los referentes de la izquierda abertzale, advirtió de que el proceso de paz quizá está atravesando "la situación más grave" desde el anuncio del alto el fuego permanente de ETA el pasado 22 de marzo. Una decisión que, a su juicio, "abrió una gran oportunidad para encauzar el conflicto en clave de diálogo y negociación política". El dirigente sindical recalcó en una concentración laboral en San Sebastián que "tiene que terminar ya la persecución política contra la izquierda abertzale".

Por otra parte, el diputado de UPN por Navarra Jaime Ignacio del Burgo ha presentado una denuncia ante el fiscal general del Estado contra Otegi y los otros cinco miembros de la comisión negociadora presentada por Batasuna "por haber infringido el ordenamiento jurídico penal" con su presentación pública en Pamplona.