La Fiscalía de la Audiencia no contempla medidas de prisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no prevé solicitar al juez Fernando Grande-Marlaska, a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5, nuevas medidas cautelares o de prisión contra Arnaldo Otegi y otros siete dirigentes de la organización ilegal Batasuna los próximos 31 de mayo y 1 de junio, tal y como informó este periódico en su edición de ayer.

Será el teniente fiscal, Jesús Santos, en lugar del fiscal Juan Moral, adscrito hasta ahora al juzgado central de instrucción número 5, quien representará en adelante a la Fiscalía en los procedimientos relacionados con Batasuna. Santos ya actuó en algunas diligencias relacionadas con Otegi los pasados 29 de marzo y 10 de abril.

Según las fuentes judiciales consultadas, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, mantuvo el pasado jueves, día 25 de mayo, un intercambio de impresiones con el juez Grande-Marlaska, sobre la reunión del día anterior, en la que Otegi y otros dirigentes propusieron una comisión negociadora con vistas a una futura mesa de partidos vascos.

En ese cambio de impresiones se mencionó que de las fotografías parecía deducirse que el acto no se había realizado como una actividad de Batasuna, formación que tiene prohibido por el juez celebrar reuniones, ni aparecían allí símbolos de la formación ilegalizada. Las fuentes dijeron a este periódico que tampoco se apreciaba un posible delito en el anuncio de una mesa negociadora.

Suspensión de la actividad

Las fuentes señalaron que el pasado 17 de enero, es decir, antes del alto el fuego permanente de la banda terrorista ETA, el juez Grande-Marlaska dictó un auto por el cual suspendió por otros dos años la actividad de Batasuna y advirtió de que ello implicaba la prohibición de celebrar un congreso convocado por Batasuna el 21 de enero en Barakaldo. La Fiscalía apoyó la citada suspensión.

En lugar del citado congreso, miembros de la izquierda abertzale convocaron a título particular otro acto político en Barakaldo el día 21 de enero en el cual participó Otegi. Ese mismo día, la Asociación de Víctimas del Terrorismo condenó la "inacción del Gobierno central y vasco". Un día después, el 22 de enero, el PP vasco solicitó la adopción de medidas al fiscal general del Estado ante el citado acto político que calificó de "ilegítimo". La Fiscalía no solicitó medidas. Tampoco las dictó el juez de oficio.

Ayer, el juez dictó un auto en el que amplía la declaración de Otegi y de otros dirigentes de Batasuna prevista para el 31 de mayo y 1 de junio a varios hechos por considerarlos un posible delito de amenazas terroristas. Entre ellos, la presentación de la llamada "comisión negociadora" del pasado 24 de mayo.

El juez, empero, según señalaron fuentes judiciales, no pide la comparecencia de las cinco personas que estaban presentes, junto a Otegi, en el citado acto y que formarán parte de la anunciada comisión negociadora para la mesa de partidos.