Una protesta contra una operación urbanística provoca la suspensión del pleno en Castellón

En sólo seis meses, el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, del PP, se ha visto obligado a suspender en dos ocasiones el pleno de la Corporación municipal por el mismo motivo. Las quejas de un grupo de vecinos del denominado barrio de Els Mestrets, afectado por una actuación urbanística, provocaron, el pasado mes de diciembre, que Fabra ordenara el desalojo del salón de plenos del Ayuntamiento de Castellón. Ayer, los concejales del PP abandonaron esta dependencia hasta que el mismo grupo de vecinos decidió salir del salón.

En estos seis meses, antes y después, los vecinos no han dejado de acudir a todos los plenos municipales con pancartas y han mostrado su desaprobación en la mayoría de las ocasiones en las que el equipo de gobierno popular trataba temas urbanísticos. Ayer se aprobaron los dictámenes favorables para la actuación urbanística que el IVVSA ejecutará en la zona de Els Mestrets, sobre una superficie de cerca de un millón de metros cuadrados. Los vecinos llegaron al Ayuntamiento preparados, además de con las habituales pancartas, con silbatos y bocinas. Su intervención provocó, primero, advertencias y, finalmente, la salida del salón de los concejales del PP.

Los vecinos acusan al equipo de gobierno de querer "echarles de sus casas" con la promoción de un desarrollo urbanístico que ejecutará el IVVSA para la creación de cerca de 6.300 viviendas, de las que alrededor de 2.800 son de protección pública. La ejecución de este PAI ha supuesto la recalificación del terreno que, hasta ahora, era no urbanizable y que, en cualquier caso, afecta a cerca de medio centenar de familias que habían construido sus casas y habitan en esa zona. La mayoría de ellos, un total de 34, según fuentes municipales, han suscrito un convenio de realojo con el IVVSA. Sin embargo, existe otro grupo de vecinos que consideran que la propuesta choca de pleno con su forma de vida.

El concejal de Urbanismo, Javier Moliner, se comprometió ayer a firmar un convenio "con cada uno de ellos por el cual puedan seguir ocupando sus viviendas durante, al menos, los próximos siete años, que es el tiempo que se tardará en finalizar toda la construcción de ese sector". Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Socialista municipal, Miguel Alcalde, acusó al equipo de gobierno de falta de "sensibilidad" por no saber, en más de cinco años, dar una solución a estos vecinos. Mientras, el portavoz del Bloc, Antoni Porcar, manifestó que el Ayuntamiento ha dado un trato "discriminatorio y ofensivo" a los propietarios.

La aprobación de esta operación urbanística no fue el único punto de conflicto en el pleno de ayer, al que el PP llevó una modificación de crédito para el pago de más de 1.600 facturas atrasadas por un valor de 9,9 millones de euros. Para el Grupo Socialista, la modificación intenta "resolver los desaguisados del presupuesto y encubrir las continuas contrataciones a dedo que se hacen al margen de la ley de contratos", tal como dijo la edil Josefina Gimeno. El concejal del Bloc Enric Nomdedeu acusó al PP de mala organización y relató gastos como los derivados del último viaje del alcalde a Rumanía. Por su parte, la concejal de Hacienda, Susana Fernández, explicó que "es normal la realización de modificaciones de crédito en cualquier administración pública".