Sospechas eternas

El procedimiento judicial al que está sometido el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, comenzó hace más de dos años. Desde entonces, existe una investigación abierta y se están practicando las diligencias necesarias para que, un día, la titular o el titular del juzgado número 3 de Nules, donde se instruye el caso, determine si se abre o no juicio oral. En el caso de que la decisión fuese afirmativa, Fabra pasaría de ser imputado a ser procesado, con las consecuencias que se derivan de esa condición para los políticos en activo. Hasta ese momento, sobre el dirigente popular recaen las sospechas de haber cometido un presunto delito de tráfico de influencias, otro de cohecho, otro de negociaciones prohibidas y otro de fraude fiscal.

El último ejemplo es el protagonizado por los cuatro ex ministros del PP que han de declarar

Pero la eternización de la causa no se debe sólo al hecho de que haya pasado por las manos de siete jueces diferentes y cuatro fiscales, pese a que este hecho, tal como admitió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, puede "perturbar la marcha del proceso". A los retrasos derivados de la provisionalidad de jueces y fiscales se suma la presentación de decenas de recursos y el aplazamiento de algunas de las comparecencias previstas, sobre todo de aquellas que corresponden a dirigentes del PP. Con ello se han acumulado considerables dilaciones en la instrucción del caso.

En ejercicio de sus derechos, Carlos Fabra ha recurrido prácticamente todas las acciones propuestas o dispuestas por alguna de las partes o por la propia juez. Solicitudes de pruebas documentales y testificales, providencias y autos han sido, sistemáticamente, recurridos por el principal imputado. Los recursos se presentan, primero, ante la propia juez de Nules y, en segunda instancia, ante la Audiencia, tal como ha hecho Fabra en la mayoría de las ocasiones en las que se ha adoptado una medida procedimental. Una vez iniciada la causa, el líder del PP de Castellón ya recurrió la personación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana como acusación popular, petición que desestimó la Audiencia. Desde entonces, la solicitud de cualquier tipo de acción por esta parte ha sido recurrida por Fabra, al igual que ocurre con las que ha reclamado la fiscalía anticorrupción.

En el caso de los interrogatorios a testigos, el paso por el juzgado de los dirigentes del PP vinculados de alguna manera al supuesto tráfico de influencias también ha sido motivo de retrasos. El último ejemplo es el protagonizado por los cuatro ex ministros que han de declarar en el llamado caso Fabra. Todos ellos han esperado prácticamente al último día, hasta 48 horas antes de que se cumpliera la fecha determinada por la juez, para presentar una solicitud con la que pretenden eludir su paso por el juzgado y prestar declaración por escrito. En ejercicio de su derecho, aluden a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero su solicitud ha abierto, además, un plazo de tres días para que las partes aleguen contra esta posibilidad. En el caso de que finalmente sea admitida, supondrá que las preguntas se formulen a los ex ministros populares por escrito, se les remitan y ellos las contesten. Es decir, varias jornadas.

Otro de los aplazamientos sonados, ejecutado también en ejercicio de sus derechos, fue el de Carlos Fabra el día que iba a ser interrogado por presunto delito fiscal. El líder del PP pensó que el juzgado de Nules no era el adecuado para tomarle esta declaración y recurrió hasta que la Audiencia, en otro de los numerosos reveses al presidente de la Diputación, decidió que sí lo era. Ahora está pendiente de que la juez llame de nuevo a Fabra para que responda, o no, a las preguntas sobre el fraude fiscal que le atribuye la Agencia Tributaria y del que aún no ha dicho nada.

Ante la situación, para agilizar las cosas, cabría la formulación de la utilización indebida del derecho procesal. Mientras tanto, el caso se eterniza. Y las sospechas también.