La salida de Esquerra del Gobierno pone en peligro la aprobación de 23 proyectos de ley

El PSC e ICV se esfuerzan en dar una imagen de gobernabilidad pese a que se hallan en minoría en el Parlament tras la salida de Esquerra. Los republicanos quieren poner en evidencia la provisionalidad del Gobierno y no pondrán fácil el camino a sus anteriores socios. Ya han anunciado que no respaldarán las leyes de reforma del Instituto Catalán de la Salud ni la de la Corporación Catalana de Radio y Televisión en su actual redacción, y presentarán enmiendas a otras tres. Mientras, a falta de tres plenos por celebrar, el bipartito ha pedido la tramitación urgente de 10 de los 23 proyectos.

Los proyectos de ley que impulsó el entonces Gobierno tripartito e incluidos en el Pacto del Tinell penden de un hilo, pues el PSC e ICV-EUiA no pueden contar con el apoyo garantizado de sus ex compañeros de Gobierno. De hecho, los republicanos se alejaron de socialistas y ecosocialistas en el pleno de la semana pasada, cuando se desquitaron del agravio que supuso su expulsión y recuperaron su equidistancia votando enmiendas de CiU al proyecto de ley de regulación de los colegios profesionales. Además, recordaron que ahora son un partido en la oposición y que tienen manos libres para seguir el rumbo que más les convenga.

Con prudencia y cierta desconfianza hacia los republicanos, ICV y el PSC han ido calibrando la voluntad de apoyo de ERC, a la vez que han sondeado posibles alternativas de respaldo parlamentario entre las filas de la oposición (Convergència i Unió y Partido Popular) para que sus iniciativas alcancen el rango de ley. De todos modos, y aunque ERC ya anunció la semana pasada que no iba a apoyar a CiU ni al PP en posibles enmiendas a la totalidad a estos proyectos, pues muchos de ellos llevan sus propios genes, la realidad es que ahora los republicanos están en la oposición y sus ex socios, a la intemperie parlamentaria.

Sello de urgencia

Precisamente, el actual consejero de Presidencia, el socialista Joaquim Nadal, aseguró el pasado martes que el Gobierno aspira a aprobar como mínimo 10 de los 23 proyectos de ley que se encuentran en trámite parlamentario. El Ejecutivo ha enviado estos proyectos al Parlament con el sello de urgencia para reducir así a la mitad los trámites ordinarios. En este punto se encuentran las siguientes leyes: reforma del Instituto Catalán de la Salud; Cajas; Memorial Democrático; Servicios Sociales; Derecho a la vivienda; medidas para el medio ambiente; prestaciones económicas de asistencia social; creación del Instituto de Seguridad; creación del Consejo de Relaciones Laborales; tercer libro del Código Civil y la del servicio público de llamadas de urgencia 112.

Pese a las esperanzas del Ejecutivo, casi todos los grupos parlamentarios coinciden en que la ley de creación de la Oficina Antifraude, uno de los puntos más importantes del Pacto del Tinell, está a punto de caer en el vacío, pues todavía le queda un mes para recibir el dictamen del Consejo Consultivo. ERC, aunque lo ve difícil, quiere que se apruebe para que sirva como medida de "prevención" para garantizar la transparencia de la gestión de los recursos públicos ante un posible pacto entre los socialistas y los nacionalistas de Artur Mas.

CiU, que prometió al Ejecutivo su colaboración para garantizar su estabilidad parlamentaria, no extenderá su apoyo más allá de la ley de cajas, que se someterá a un debate de totalidad en el pleno del próximo 1 de junio. Tampoco lo hará el PP.

Los republicanos, por su parte, presentarán enmiendas a la ley que permitirá alargar el mandato a los presidentes de las cajas de ahorro, a pesar de expresar su voluntad de que prospere la reforma. La rectificación que propondrá ERC pretende que el Parlament intervenga en el nombramiento de los representantes políticos en las asambleas generales (ahora los designan las corporaciones locales) con el fin de contrarrestar la "sociovergencia" que domina, en su opinión, la mayoría de las alcaldías catalanas. También quiere fijar un mínimo obligatorio en los fondos que las entidades financieras dedican a obra social.

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, anunció el pasado miércoles que, además, su grupo no respaldará iniciativas de carácter "estratégico" que carecen de consenso como la reforma de la Corporación de Radio y Televisión y el Instituto Catalán de la Salud. Aparte de la ley de cajas, los republicanos pretenden enmendar la ley de medidas para el medio ambiente y la de la creación del Memorial Democrático. A los republicanos, esta última les parece poco "catalana".

Esquerra, en cambio, no pondrá trabas a las leyes que surgieron de los departamentos que controlaba en el Gobierno. Aunque la ex consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, reclamó la tramitación urgente de las leyes de servicios sociales y de prestaciones económicas, sus ex socios de Gobierno aseguran que los republicanos no están poniendo mucho de su parte para acelerar los trámites.