El Ayuntamiento de Estepona dejó de justificar 12 millones en la 'era GIL'

El Tribunal de Cuentas estima que las sociedades municipales del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), dejaron de justificar 12 millones de euros entre 1995 y 1999, el periodo en que gobernó Jesús Gil Marín (GIL). Los sueldos del actual primer teniente alcalde, José Ignacio Crespo, y del concejal de Turismo, Antolín González, podrían ser embargados si no afrontan la fianza de tres millones impuesta por el órgano fiscalizador.

Tras la disolución del GIL y de las sociedades municipales en Estepona, el Tribunal de Cuentas comenzó a fiscalizar a estas empresas y su informe, ante el que los antiguos administradores podrán ahora presentar alegaciones en su fase judicial, revela una falta de justificación de 12 millones. A diferencia de los dos concejales de la actual corporación, el tercer administrador de las sociedades y también ex edil del GIL, Víctor Sánchez, ya presentó un aval, tal y como le requería el órgano fiscalizador.

El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) que gobierna en coalición con el PA y los ex giles, anunció que el Ayuntamiento ha asumido las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y recordó que el Ayuntamiento ya se adhirió a las demandas presentadas por el liquidador de las empresas municipales contra los responsables. Sobre sus socios de gobierno añadió: "De momento nadie está imputado, y si alguien se llevó un céntimo, que lo devuelva, pero la presunción de inocencia debe primar".

El primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, alegó que "no se puede hablar de liquidación definitiva porque ahora se abre la fase judicial de reclamaciones, que no tiene por qué coincidir con la liquidación provisional". "Cada vez que se liquida una empresa tras conocerse la liquidación provisional remitida por el Tribunal, te solicitan una fianza y si no te embargan", recordó.

El informe revela deficiencias en el control interno y explica que la concesión de subvenciones se realizó sin sujetarse a procedimiento selectivo alguno, y que los registros de Recaudación, Tesorería e Intervención no presentan coherencia interna. Además, no se mantuvo ningún registro para el control de las órdenes de pago a justificar.