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Tráfico propone sustituir penas de cárcel por trabajos con las víctimas

El 17% de los conductores reconoce que envía mensajes de texto mientras está al volante

Elsa Granda

La primera vez, trabajos con las víctimas; las siguientes, a la cárcel. Ésa es la idea que tiene la Dirección General de Tráfico para los conductores condenados por cometer infracciones graves, una vez haya entrado en vigor la reforma del Código Penal que ultima el Ministerio de Justicia. Las penas alternativas a la prisión, que pretenden concienciar sobre las consecuencias de los accidentes, incluirían trabajos en asociaciones víctimas, en hospitales o en la Cruz Roja.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicará la próxima semana en el Congreso la reforma del Código Penal en materia de Tráfico. Las modificaciones van encaminadas a establecer unos límites claros a partir de los cuales ciertos comportamientos sean considerados delito. Se prevé que contemple penas de prisión para aquellos que superen en 60 kilómetros los límites de velocidad o conduzcan con una tasa de alcohol que doble el límite permitido. Además, para dotar de eficacia al nuevo carné por puntos, que entrará en vigor el 1 de julio, también se prevé cárcel para quienes se pongan al volante tras haber perdido todo su saldo de puntos.

"Nadie pretende que la gente vaya a las cárceles, pero sí que se modifiquen las conductas. Es complejo, pero deberíamos ser capaces de vertebrar un sistema de penas alternativas, que son extraordinariamente pedagógicas, ayudan a la reeducación y permiten que los jueces se muevan con comodidad en el entorno del Código Penal", señaló el director de Tráfico, Pere Navarro. Sin embargo, señaló que estas medidas no se aplicarían en los casos de los reincidentes o cuando se hubiesen producido víctimas.

Lo dijo en la presentación de un Congreso Internacional de Prevención de Accidentes de Tráfico que se celebrará del 30 al 1 de junio en Madrid, organizado por la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular (Aesleme), la Asociación de la Carretera y la Fundación Mapfre, y del que saldrá un libro verde con propuestas concretas que se enviará al Congreso.

Durante el acto se dieron a conocer los resultados de una encuesta elaborada por el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre. Entre los resultados destaca que un tercio de los encuestados reconoce que excede los límites de velocidad, y el 25% no considera peligroso beber alcohol y conducir. A la hora de las responsabilidades de la siniestralidad, el 72,7% asume que es de los conductores; mientras que el 50% se muestra pesimista sobre la reducción del número de víctimas.

Más alarmante es otro informe sobre hábitos en la conducción elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios, según el cual el 17% de los conductores reconoció haber enviado mensajes de móvil mientras circulaba, y el 20% haber conducido después de tomar "bastante" alcohol. Eso sí, tres de cada cuatro conductores reclaman más vigilancia y sanciones más duras.

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RACE dio a conocer un análisis de 31 sistemas de retención infantil. Ocho de ellos fueron calificados como "insatisfactorios o muy insatisfactorios". La asociación señala que éstos coinciden con los de "bajo coste", inferior a 60 euros.

Pere Navarro y el diputado Jordi Jané, en la presentación del Congreso Internacional de Prevención de Accidentes.
Pere Navarro y el diputado Jordi Jané, en la presentación del Congreso Internacional de Prevención de Accidentes.EFE

Señorías, hablen de seguridad vial

Las asociaciones de víctimas creen que los políticos deberían implicarse más en un problema que en España provoca la muerte de 10 personas al día: los accidentes de tráfico. Lo denunció la semana pasada la presidenta de la Asociación Stop Accidentes, y lo reiteraron ayer los responsables de Aesleme. Para ellos, un problema de semejante magnitud debería estar presente en los grandes debates parlamentarios, incluido el del Estado de la nación, que se celebrará los días 30 y 31 de mayo.

Un estudio realizado por el letrado de las Cortes, Nicolás Pérez Serrano, revela que en los últimos 30 años, sólo se tramitaron en el Congreso siete proposiciones de ley sobre seguridad vial de los distintos grupos parlamentarios, "en la mayoría de los casos para modificaciones menores". El resto de las actividades legislativas, 12 en total, partieron de los distintos Gobiernos. La ausencia es absoluta si se tienen en cuenta los debates sobre el Estado de la nación, las sesiones de investidura y los plenos. Mar Collogos, directora de Aesleme, se quejó de que en la nueva Ley de Educación no figuraba ni una línea sobre educación vial, "y sólo se incluyó este tema gracias a dos enmiendas de Jordi Jané", diputado de CiU y presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

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