Un ex jefe del Ejército tilda a Bono y Trillo de "ambiciosos, trepas y ególatras"

"Por supuesto, el momento es muy delicado y en lo que concierne a nosotros [los militares] grave. No resistiremos un tercer ministro ambicioso, trepa y ególatra". Con estas palabras se refiere el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Luis Alejandre a sus dos antiguos superiores, los ministros de Defensa Federico Trillo-Figueroa y José Bono, en una carta manuscrita fechada el 16 de octubre de 2005 e incluida en el libro Yak-42 A sus órdenes ministro que se presenta hoy. El general Alejandre fue nombrado por Trillo-Figueroa y destituido por Bono.

La misiva de Alejandre, que fue jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra entre el 17 de enero de 2003 y el 25 de junio de 2004, está dirigida a la autora del libro, la periodista de la cadena SER Mariela Rubio.

"Las personas pasamos y quedan las instituciones y a mí me interesa, sobre todo, preservar a la Institución Ejército. Por supuesto el momento es muy delicado y en lo que concierne a nosotros, grave. No resistiremos un tercer ministro ambicioso, trepa, ególatra", escribe.

"Te pido que me ayudes a preparar la llegada del próximo en 2007 o antes, si hay remodelaciones, crisis o reajustes", continúa la carta. "En el Ministerio y en los Cuarteles Generales se vive una especie de histrionismo basculante. ¿Está de buen talante hoy nuestro dios (con minúscula)? Así no se puede trabajar: sin contraste, sin lealtad -que significa decir que no algunas veces-. Aquí sólo vale el 'sí, Ministro' y esto es la muerte de la institución", agrega.

Cuando escribió la carta, el pasado 16 de octubre, el general Alejandre ya estaba en la reserva. Legalmente, los militares en la reserva están sujetos al mismo código disciplinario que sus compañeros en activo. La ley vigente considera falta leve la "falta de respeto a superiores" y grave, "emitir manifiesta y públicamente expresiones contrarias a las instituciones o las autoridades que las encarnan".

Falta disciplinaria

No hay precedentes de que un militar en la reserva sea sancionado por sus declaraciones, pero tampoco de que un ex jefe del Ejército se pronuncie en esos términos sobre una persona que fue su superior (Trillo) y otra que aún lo era en el momento de escribir la misiva (Bono). El hecho de que se tratara de una carta privada, no destinada a publicarse, podría considerarse atenuante. También podría darse por prescrita la posible falta dado el tiempo transcurrido desde que se escribió.

Alejandre fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército por Trillo-Figueroa y destituido por Bono sólo un año y medio después. El relevo de la cúpula militar coincidió, además, con la difusión de los resultados de las pruebas de ADN a las víctimas del Yak-42, que demostraron la errónea identificación de casi la mitad de los cadáveres, lo que hizo inevitable que se relacionaran ambos hechos.

En su despedida, en el Cuartel General del Ejército, Alejandre se expresó en términos amargos. "De los salvadoreños aprendí a detectar los terremotos segundos antes de desencadenarse [...] No voy a negar que he vuelto a sentir estos días el temblor incierto de ciertas deslealtades, de las venganzas, de los celos, de las mentiras interesadas, de las manipulaciones informativas", dijo.

Seguro fantasma

El mismo libro incluye unas declaraciones de quien era, cuando se produjo el accidente del Yak-42, secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte. El ex alto cargo explica que, aunque España exigió a NAMSA, la agencia de la OTAN a través de la cual se fletó el avión, un seguro de accidente por valor de 75.000 dólares por pasajero, que nunca se suscribió, "en una cláusula posterior del contrato se estipulaba que esa cantidad quedaba sujeta a las restricciones de un seguro de responsabilidad civil".

"El tema estaba más que negro", explica Jiménez-Ugarte. "La cláusula que España había firmado con NAMSA en lo que concierne al seguro era exactamente la que había transmitido NAMSA a Chapman", el primer subcontratista del Yak-42.

Esta versión contradice la que siempre ha ofrecido el Ministerio de Defensa: que la responsabilidad de que se perdiera el seguro de 75.000 dólares fue de NAMSA, que no trasladó la exigencia española a Chapman.

Si es cierto lo que dice ahora Jiménez-Ugarte, eso significa que no hay ninguna posibilidad de que NAMSA o Chapman devuelvan los 4,6 millones de dólares que el Gobierno del PP adelantó a los descendientes de las víctimas del Yak-42 con cargo al presupuesto público, a pesar de que Bono consiguió que la OTAN aceptase pleitear.

También significa que la responsabilidad del error estuvo en el Ministerio de Defensa español y que todavía no se ha aclarado quién lo cometió.