Las compañías telefónicas deberán probar que el cliente ha contratado sus servicios para evitar altas fraudulentas

Las compañías telefónicas y, sobre todo, las de acceso a Internet van a tener más difícil engañar a sus futuros clientes. El Ministerio de Industria tiene lista una orden ministerial para poner coto a la contratación fraudulenta, conocida como slamming, una práctica por la que las compañías dan de alta a un cliente sin que éste haya dado su consentimiento. A partir de ahora, si un usuario se encuentra con que un operador le factura sin haber contratado sus servicios, será la compañía la que tendrá que demostrar que el usuario sí ha contratado sus servicios.

Asimismo, la compañía que cometa el fraude tendrá que asumir los gastos que suponga que el usuario vuelva a su situación anterior, es decir, los gastos derivados de dar de baja al usuario y volver a darle de alta con su operador de origen, incluyendo posibles cuotas de alta. Además, se anularán las facturas que haya generado el nuevo operador, dada la falta de consentimiento del abonado.

Cuando un usuario contrate telefónicamente, los operadores deberán proporcionarle en ese momento información sobre si existe un período mínimo de contratación, las posibles consecuencias de su incumplimiento o el plazo al que el operador se compromete para el inicio de la prestación del servicio.

La nueva legislación también intenta acabar con otra de las irregularidades más frecuentes, la de que el usuario que cambia de compañía se queda sin línea telefónica o sin acceso a Internet mientras se tramita el cambio. Para evitar esta situación, a partir de ahora se considerará responsable al nuevo operador, sin que éste pueda alegar dificultades técnicas, asumiendo los daños y perjuicios ante posibles reclamaciones.

Respecto a las reclamaciones, los operadores deberán ofrecer a los usuarios un justificante escrita de las gestiones o reclamaciones realizadas por teléfono o, en su defecto, en soporte informático (con firma electrónica).

La orden, que será aprobada en los próximos días, obliga a los operadores a incluir en las facturas los números de teléfono de sus servicios de atención al cliente y de la Oficina de Atención al Usuario del Ministerio de Industria, así como información sobre los derechos que garantiza la normativa de telecomunicaciones.

Por otra parte, el consejo asesor de telecomunicaciones va a estudiar una propuesta para imponer nuevos plazos intermedios a las cadenas para la transición desde las emisiones analógicas a las digitales cuyo plazo final vence en abril de 2010. También obligará a las operadoras de cable a negociar con las cadenas sobre el pago por emitir a través de su red.