Calles anuncia más acciones contra la contratación ilegal en Castellón
El subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, aseguró ayer que tanto la policía como la Inspección de Trabajo tienen la percepción de que la red de inmigración ilegal desarticulada en Oropesa "no es un caso único". La policía detuvo el martes a 60 trabajadores ilegales, por incumplir la ley de extranjería, y al supuesto cabecilla de la red que los trasladaba de Portugal hasta Oropesa. La operación culminó después de identificar a 300 personas que estaban trabajando en siete edificios en construcción. Todos ellos se encontraban en el complejo Marina d'Or, aunque no dependían de ninguna de las empresas de este grupo, sino de otra firma liderada por el ahora detenido como presunto cabecilla de la red. Calles no descartó realizar en un futuro próximo operaciones de este tipo "sobre todo en el sector de la construcción" y señaló que no solo se trata de "un fraude a la Seguridad Social, a las arcas del Estado y a todos los españoles", sino también una "competencia desleal con todas las empresas de Castellón que cumplen la legalidad". Y sostuvo que su obligación "es perseguirlo".
Durante el día de ayer la policía realizó las diligencias oportunas para esclarecer la situación documental de los 60 trabajadores detenidos y, según informó el subdelegado del Gobierno, el gerente de la empresa, de origen portugués, continúa arrestado ya que "en principio, parece ser el responsable de toda la red de trabajo ilegal".
