El PNV fracasa en su intento de cambiar la ley de Suelo pactada por Vivienda con el PSE

El PNV consumó ayer su fracaso en su anunciada pretensión de "pulir" el proyecto de ley de Suelo pactado por el Departamento de Vivienda, controlado por Ezker Batua (EB), con los socialistas. La derrota se escenificó en la reunión de la ponencia parlamentaria que debate el proyecto. El PNV arrojó definitivamente la toalla al comprobar que no lograba ningún apoyo. Renuncia así a lo esencial de su propuesta, da su apoyo al proyecto y ahora sólo espera algún gesto del resto de partidos para introducir alguna aportación, que será en cualquier caso mínima. La ponencia vivió un momento duro cuando los nacionalistas reiteraron su oposición y los socialistas amagaron con no apoyar el texto.

"Hemos vivido un momento muy difícil", corroboró el portavoz del PSE en la ponencia, Jesús Loza, una vez que concluyó con acuerdo la reunión, que duró en total más de cinco horas. El debate ya se presumía que no iba a resultar pacífico y al final se confirmaron los pronósticos. Después de casi tres horas de debate, los partidos solicitaron un receso. La ponencia había encallado. El PNV defendía con tenacidad su propuesta, que más que "pulir", tal y como sostiene esta formación, supone dar la vuelta por completo al proyecto de ley pactado por el departamento de Javier Madrazo con los socialistas el pasado mes de febrero.

El representante del PSE recalcó que si el PNV persistía en su oposición, los socialistas rompían el acuerdo y no apoyaban el texto final. Sin ese respaldo, el proyecto quedaba condenado al fracaso, ya que el PP y EHAK lo rechazan de plano.

Tras el receso, el PNV moderó su oposición y al final dio el visto bueno al acuerdo entre Vivienda y los socialistas, que se incorpora como una enmienda transaccional al dictamen de la ponencia sobre el proyecto, que será definitivamente cerrado el próximo 6 de junio. Ese acuerdo, que también suscribió Aralar pocos días después, contiene las claves del proyecto de ley al establecer las reservas de suelo, los modelos de gestión de los solares y los precios de los pisos protegidos y tasados.

Una vez que se apruebe definitivamente la ley, el 55% del suelo urbanizable se destinará a vivienda de protección oficial (VPO); el 10%, a pisos tasados promovidos por los ayuntamientos y otro 10%, a pisos tasados del Gobierno. En cuanto al suelo urbano, el 70% será para vivienda libre, el 20% para VPO y un 10% para pisos tasados. Las casas de protección oficial se destinarán a ciudadanos con ingresos inferiores a 30.100 euros brutos anuales y los tasados a quienes ganen menos de 43.000 euros.

"Va a salir seguro"

El representante del PNV en la ponencia, Juan Antonio Arieta-Araunabeña, reconoció tras el debate que su grupo no había conseguido apoyo, por lo que anunció que retiraba la controvertida propuesta. Sin embargo, precisó de forma enigmática que esa retirada estaba condicionada a que siguiese el diálogo cuando el dictamen de la ponencia llegue a comisión.

Según Arieta-Araunabeña, el PNV tiene "la garantía de que alguna cosita [de su propuesta] se aprobará". A la preguntado de cuál será su postura si finalmente no logra que se acepte ninguna de sus reivindicaciones, zanjó cualquier especulación al asegurar que "la ley va a salir seguro. En ningún momento ha corrido peligro. Dentro del tripartito nadie ha tenido ninguna duda de que la ley no fuese a salir". Representantes del PSE y Ezker Batua puntualizaron que el diálogo seguirá, pero que no habrá cambios de entidad.

La derrota del grupo parlamentario del PNV implica a su vez la victoria del Gobierno, representado por el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, y también por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, quien se comprometió personalmente a sacar adelante la ley.

Durante la reunión de ayer, ninguna de las propuestas planteadas por el PNV para modificar el proyecto fueron aceptadas. Los únicos cambios que se han introducido se refieren a la obligación de aplicar las reservas de suelo para viviendas protegidas en municipios a partir de 2.000 habitantes (en el proyecto original eran los de 3.000) y que los municipios de más de 10.000 habitantes tengan competencia para aprobar sus planes generales (en el proyecto se hablaba de 20.000 habitantes). El parlamentario de EB Oskar Matute recalcó que ambas modificaciones fueron fruto de la reflexión de todos los partidos, pero que no partió de una propuesta concreta de uno de ellos. En un guiño al PNV, una vez que la esencia del proyecto se ha salvado, mostró su disposición a mejorar el texto.

Igual de dialogante se expresó Aintzane Ezenarro, de Aralar, quien abogó por reducir la presencia de la vivienda libre en el suelo urbano no consolidado. EA también dejo abierta la puerta a que en la tramitación pendiente sea posible introducir alguna mejora, siempre que no conlleve modificaciones en aspectos sustanciales.

El PNV había planteado la reserva del 80% para pisos protegidos tanto en suelo urbano como urbanizable. De esa reserva, el 20% sería para viviendas de alquiler social y el 60% restante, para VPO y pisos tasados, sin especificar el porcentaje para estos últimos, que son los más caros. Además, no fijaba un límite máximo de ingresos para acceder a los sorteos de estas viviendas. El PSE y la consejería habían pactado un aumento del 5% en sus porcentajes iniciales de pisos tasados para tratar de satisfacer al PNV, pero éste rechazó dicha opción y prefirió el proyecto original.

[Los sindicatos ELA, LAB y ESK instaron ayer al Gobierno a desautorizar el acuerdo entre Vivienda y la Fundación Laboral de la Construcción estatal para formar al personal de las obras porque "es un instrumento en el que los sindicatos se financian través de negocios ligados a la seguridad laboral a cambio de renunciar a una dinámica reivindicativa"].