La Junta dice que el casino sevillano abrió a sabiendas del riesgo de cierre

La Junta de Andalucía afirmó ayer que está estudiando las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la concesión del Casino del Aljarafe sevillano, como adelantó ayer El Correo de Andalucía, aunque insistió en que la empresa adjudicataria lo abrió el pasado 28 de marzo a sabiendas de que estaba pendiente esta resolución. En un comunicado, la Consejería de Gobernación señala que el casino, situado en la localidad sevillana de Tomares, "podía abrir al público porque no había ningún motivo que lo impidiera" al haber levantado los tribunales todas las órdenes cautelares de suspensión de la adjudicación.

Ahora, el Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en 2002 declaró nula la adjudicación realizada en 1998 por un defecto en la composición del consejo de administración, en el que figuraban tres personas jurídicas en lugar de personas físicas, como exige la ley.

El letrado Fernando Huidobro, que recurrió al Supremo en nombre de la empresa Cirsa, que perdió el concurso, declaró a Efe que la Junta dispone de un plazo de cuatro meses, desde que le sea notificada la sentencia, para tomar una decisión.

El letrado apuntó a que posiblemente las empresas intentarán llegar a un acuerdo económico, aunque la cuantía es "imposible de cuantificar" pues solo existe como base de partida lo que aparecía en el concurso como coste del proyecto hace ocho años, cifra ahora multiplicada.

Cirsa quedó segunda en el concurso, a solo cinco puntos de los 180 de Gran Casino Aljarafe, y su futuro centro de ocio iba a abrirse a escasos metros del actual de Tomares, aunque en el término de San Juan de Aznalfarache.

Recurso de amparo

En cualquier caso, Huidobro apuntó a que la solución debe encontrarse pronto porque el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional le parece "difícilmente encajable en este caso".

El proceso de adjudicación del casino de la provincia de Sevilla se inició en 1997, cuando la Consejería de Gobernación convocó un concurso público al que se presentaron nueve ofertas. En agosto de 1998 se produjo la adjudicación y las empresas perdedoras interpusieron un total de seis recursos, de los que dos se desestimaron por diferentes causas y otros cuatro llegaron hasta el TSJA. El alto tribunal andaluz dictó dos sentencias firmes dando la razón a la Administración autonómica y otras dos resoluciones en contra de dicho proceso.

Durante la tramitación judicial hubo cuatro autos de suspensión cautelar, por lo que la Dirección General de Juego ordenó la paralización de las obras, pero esas medidas fueron levantadas progresivamente, dos por el TSJA y otras dos por el Supremo. La última resolución se dictó el 18 de junio de 2004, momento a partir del cual legalmente el casino se podía abrir. El Gran Casino Aljarafe ha precisado una inversión de 30 millones y recibirá 300.000 visitantes al año.