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La Audiencia ordena mantener la imputación contra la esposa del ex director de Sondika

Ve indicios "sólidos" de su implicación en los presuntos delitos de López-Santacruz

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La Audiencia de Vizcaya ha ordenado mantener la acusación contra la esposa del ex director del aeropuerto de Sondika, Segismundo López-Santacruz, en la causa por presunta estafa. Revoca así la exculpación decidida en febrero por un juzgado de Bilbao, al existir indicios "suficientemente sólidos" de su participación en los presuntos delitos de López-Santacruz. Las diligencias de este caso empezaron hace cinco años y todavía no han concluido ni se ha fijado el juicio, que será con jurado.

La titular del Juzgado número 7 de Instrucción de Bilbao había acordado, en un auto dictado el pasado 16 de febrero, la exculpación de Laura Hernández, esposa del que fue director del aeropuerto entre 1997 y 2001. Entendía que los delitos que le imputaban a ella -cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad de documento oficial en grado de cooperación y complicidad- no tienen peso para mantener la acusación.

Esta decisión fue recurrida por la Fiscalía del Tribunal Superior vasco, el órgano que realizó la primera acusación contra López-Santacruz, a quien se le acusa de irregularidades en la adjudicación de trabajos en la ampliación del aeropuerto, como la concesión de 31 obras a dos constructoras del mismo dueño sin "concurrencia o con concurrencia muy limitada"; la adjudicación de tiendas en el aeródromo con informes técnicos "cuestionables" a una empresa creada "expresamente para estas licitaciones" o el arrendamiento por parte de su madre, del piso que le proporcionó AENA (el ente que gestiona los aeropuertos españoles). Esos ingresos le permitieron comprar otra casa. Las investigaciones judiciales han permitido descubrir ingresos de 950.000 euros sin justificar en las cuentas bancarias del ex director, su esposa y su madre, según concluye el informe del perito.

Titular de cuentas

La Audiencia acepta los argumentos de la Fiscalía sobre la presunta implicación de Laura Hernández. En un auto del 25 de abril, la Sección Primera señala que hay indicios "suficientemente sólidos" de su "presunta participación" en algunos de los delitos que habrían sido cometidos por el ex director de Sondika.

Así, afirma que la esposa aparece como titular en cuentas bancarias "en las que se han venido ingresando importantes cantidades dinerarias no justificadas". Agrega que constituyó, junto a su marido y un hijo, la sociedad Selama Everest, registrada por López-Santacruz siete meses después de ser despedido por las anomalías. "Necesariamente tuvo que estar al tanto de determinadas operaciones realizadas a través de la misma", agrega la Audiencia, entre las que cita la compra de un Mercedes en octubre de 2003 por 43.200 euros "a pesar de que la empresa sin apenas actividad presentó ese año, así como los dos anteriores, un balance negativo con pérdidas".

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La Audiencia de Vizcaya afirma que Laura Hernández aparece como la persona que adquirió, junto a su suegra, la vivienda alquilada a López-Santacruz y pagada por AENA. "Existen elementos indiciarios suficientemente sólidos como para continuar el presente procedimiento también contra la imputada Laura Hernández", concluye el auto.

Con esta actuación, es posible que las diligencias estén ya concluidas. A finales de enero ya hubo una vista, que suele ser previa al auto del procesamiento y la apertura del juicio, que en cualquier caso no se celebrará antes de un año. La demora en este caso se ha debido también a la gran cantidad de jueces, hasta seis, que se han encargado del sumario.

La defensa del ex director del aeropuerto llegó a negociar con la acusación, a finales de 2004, un acuerdo que evitase la vista oral, pero no fructificó. López-Santacruz sólo ofrecía el pago de una cifra parecida a las costas del proceso, unos 150.000 euros, lo que fue rechazado por AENA.

El ex director ha visto como otro juzgado de Getxo ha abierto una nueva investigación contra él por un delito de alzamiento de bienes, al vender un piso por 1,3 millones, tras negarse a pagar una fianza de 481.000 euros que le exigía el juzgado de Bilbao.

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