Una reforma coja

Sin demasiadas ganas, creo yo, y más bien acuciados por el Gobierno, los representantes de los trabajadores y de los empresarios firmaron, por fin, la reforma laboral de esta legislatura. El hecho de que se haya hecho sin demasiadas ganas no significa, sin embargo, que estos ejercicios de diálogo social no sean positivos. El mismo hecho de negociar y de llegar a acuerdos es, en sí mismo, un gran valor de nuestro esquema de convivencia, que dota a las relaciones laborales de un clima de paz social y de capacidad de entendimiento admirado en otros países de Europa, donde los acuerdos y las reformas son mucho más dolorosos. Nuestra felicitación, por tanto, a los firmantes del acuerdo.

El Gobierno va a regalar millones de euros subvencionando los contratos indefinidos

La verdad es que es difícil hacer reformas económicas de calado en nuestros días: por un lado, las cosas van bien, luego, para qué cambiar; por otro, la globalización está presionando con dureza sobre las condiciones laborales de los trabajadores, incluidos los salarios y los mismos puestos de trabajo. Por eso, los sindicatos se encuentran en todo el mundo a la defensiva, y es difícil negociar y ceder en algo cuando se está a la defensiva. Tampoco a los empresarios les urge mucho una reforma laboral, pues, al fin y al cabo, la inmigración y la utilización generalizada, y a veces abusiva, de la contratación temporal les proporcionan suficiente flexibilidad a costes bajos. El problema es que de la flexibilidad podríamos decir, como del colesterol, que hay de dos tipos, buena y mala. La primera tiene efectos muy positivos sobre la productividad y el desarrollo económico a medio y largo plazo; la segunda, en cambio, desalienta la productividad y conduce, a la larga, a salarios y niveles de vida bajos. Creo que estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los economistas de este país en que mucha de la flexibilidad que tiene el mercado laboral español es de la mala.

También parecen creerlo así el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. La gente de la calle, especialmente los jóvenes, clama contra la precariedad. Los números cantan: un tercio de los asalariados españoles tienen contratos temporales frente al 14% en la UE (gráfico izquierdo), y en 2005 se registraron 15,6 millones de contratos temporales frente a 1,5 millones de indefinidos (gráfico derecho), lo que supone que a cada trabajador temporal le hicieron de media tres contratos a lo largo del año. Por eso, el objetivo principal de esta reforma (ya lo fue de la de 1997, con poco éxito, como se ve en el gráfico izquierdo) es reducir la precariedad. Ahora bien, para atacar una enfermedad lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico, y aquí empiezan las discrepancias. Muchos economistas pensamos que las causas de la elevada temporalidad son, por un lado, la excesiva rigidez (incluido uno de los costes de despido más elevados de Europa) de los contratos indefinidos y, por otra, el abuso en la contratación temporal. La reforma ataca esta segunda causa, pero no la primera, de la que parecen haber hecho un casus belli los sindicatos sin explicar por qué. La reforma, por tanto, está coja, y ya se sabe que a la pata coja no se llega muy lejos. Consciente de ello, el Gobierno va a regalar millones de euros subvencionando los contratos indefinidos. Seguro que a corto plazo tiene éxito, pero, ¿no sería mucho más provechoso para los trabajadores y para la economía en su conjunto que dicho dinero se dedicara a la formación y que la precariedad se atajara flexibilizando la contratación indefinida? Yo así lo pienso.

Ángel Laborda es director de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).