Medio Ambiente ha abierto nueve expedientes a Almuñécar desde 2005

El Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) ha sido objeto en el último año y medio de nueve expedientes sancionadores interpuestos por la Delegación provincial de Medio Ambiente. De los nueve, seis corresponden a obras iniciadas sin autorización de la Junta en zonas de servidumbre de protección de la costa. El municipio gobernado por el ex andalucista Juan Carlos Benavides es el que más partes de sanción acumula, seguido del de Órgiva.

La delegación Provincial de Medio Ambiente abrió en 2005 1.509 expedientes sancionadores. Entre el 1 de enero y el 1 de mayo de este año, ya ha iniciado otros 714. La mayoría (2.132) fueron contra particulares que incumplieron la normativa en materia de caza, pesca fluvial o incendios forestales. Los ayuntamientos, por su parte, han sido objeto de 91 expedientes (59 en 2005 y 32 en 2006), repartidos entre 54 municipios, lo que indica que algunos son reincidentes.

Entre ellos destaca Almuñécar, con nueve expedientes abiertos en el último año y medio. De momento, todos están pendientes de resolución porque el equipo de gobierno de Juan Carlos Benavides los ha recurrido. Seis se refieren a obras realizadas en zona de servidumbre de protección de costa sin la pertinente autorización municipal. El resto, a la construcción de caminos sin licencia y a la instalación de un núcleo zoológico que incumple las "condiciones de bienestar animal".

El municipio de Órgiva, gobernado por el PP, también destaca en la lista de ayuntamientos sancionados. En 2005 se le abrió un expediente por crear un vertedero de escombros sin autorización y a 100 metros del cauce de un río, mientras que en 2006 lleva ya cinco partes, la mayoría por vertidos de residuos en distintos parajes del pueblo.

El delegado provincial de Medio Ambiente, Gerardo Sánchez, aseguró ayer que el hecho de que determinados municipios cuenten con varias sanciones responde a la "falta de sensibilidad" de sus gobernantes y no a una "campaña de persecución" de la Junta contra algunos ayuntamientos. "Los expedientes los tramitan funcionarios, no hay interés partidistas", afirmó Sánchez. "Si no actuamos nos acusan de dejación. Si actuamos, de persecución". Para evitar suspicacias, ofreció el balance sancionador de su departamento según el color político de los gobiernos: 31 expedientes abiertos desde 2005 contra municipios con alcalde socialista; 14 contra ayuntamientos del PP; 3 contra el PA; y 11 contra formaciones independientes (entre ellos los seis de Almuñécar).

La gestión de Benavides fue también ayer blanco de las críticas del PSOE provincial, que pidió que una comisión que investigue supuestas denuncias falsas relacionadas con temas urbanísticos presentadas en los últimos meses en el Ayuntamiento. Según la portavoz municipal del PSOE, Rocío Palacios, varios vecinos de Almuñécar han acudido a los tribunales porque alguien ha usado sus nombres como denunciantes en documentos registrados en el Ayuntamiento. Palacios manifestó su "sospecha" de que miembros de la Alcaldía están detrás de esta "trama" porque todos los falsos denunciantes son "contestatarios" con la política urbanística de Benavides. Según el PSOE, el único objetivo de las falsas denuncias es "enfrentar a los vecinos y aumentar la crispación política".