Sanidad contratará a 115 médicos y ampliará el horario de consulta para reducir la lista de espera diagnóstica

El Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre aprobó ayer destinar unos 17 millones de euros para ampliar el servicio de pruebas diagnósticas desde el próximo 1 de junio.

El vicepresidente primero, Ignacio González, aclaró en rueda de prensa que los servicios sanitarios abrirán 16 nuevos turnos de tarde. Para ello, la Consejería de Sanidad contratará a 277 profesionales, de los que 115 serán médicos y, el resto, personal de enfermería, técnicos y administrativos. Esta medida permitirá hacer 30.000 pruebas más, según destacó el vicepresidente.

Sanidad abrirá cinco turnos para realizar TAC en los hospitales Gregorio Marañón, La Paz, Puerta de Hierro, Clínico y Doce de Octubre; seis para resonancias magnéticas, en el Gregorio Marañón, Princesa, Niño Jesús, Clínico, Getafe y Doce de Octubre; un turno para ecografías en el Clínico y dos en el Doce de Octubre; un turno para mamografías en el hospital de Móstoles y otro para pruebas de Tomografía de Positrones (PET) en La Paz.

Además, la consejería ha previsto derivar a centros privados la demanda que "exceda de la capacidad de los equipos propios", lo que cifra en unas 70.000 pruebas diagnósticas adicionales en centros médicos concertados.

"Esto permitirá mejorar la calidad asistencial", destacó González, que consideró que los tiempos de espera se reducirán.

Sin embargo, el diputado socialista en la Asamblea, Eduardo Sánchez Gatell, calificó de "tomadura de pelo" y de "auténtica estafa" la medida adoptada por Sanidad. "Sólo anuncia 100.000 pruebas diagnósticas más, 70.000 derivadas a la sanidad privada, cuando en Madrid se realizan casi 13 millones de pruebas al año", recalcó.

Sánchez Gatell consideró que Sanidad "no ha tenido en cuenta las conclusiones de la propia comisión de estudio de las listas de espera diagnóstica que aconseja que no se hagan planes de choque".

También criticó el diputado que alrededor de 70.000 pruebas vayan a ser derivadas a la sanidad privada. "Es otra vuelta de tuerca en las agresiones a la sanidad pública por parte del Gobierno regional", manifestó.