A un año vista

De cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas los movimientos políticos en perspectiva electoral han comenzado. Nada de particular tiene el hecho, antes bien, forma parte de la normalidad, y, con todas las reservas que cabe tener en cuenta cuando falta tanto tiempo para el día de las elecciones y ni siquiera se sabe cuál será el número de candidaturas relevantes para elegir a un número de diputados por determinar, según unas reglas electorales que aún están por fijarse, comienza a haber en la atmósfera aires de cambio. Sea cual sea el resultado que a la postre salga de las urnas, lo que a estas alturas es evidente es que las elecciones próximas van a diferir de las precedentes al menos en un rasgo: el resultado no está cantado. Al menos cuatro incógnitas planean sobre el escenario y su confluencia hace que el resultado sea el de cierta incertidumbre. La primera de esas incógnitas radica precisamente en si tendremos o no ley electoral para cuando llegue el momento de convocar allá por los primeros días de abril de 2007, aunque sólo sea un texto para salir del paso, esa es cuestión pendiente de negociación, y es cuestión previa porque, con independencia de cuál sea el estatuto de la ley electoral de 1987, cosa cualquier cosa menos clara, el hecho es que al menos tres elementos esenciales de lo que el Constitucional denomina la "materia electoral" están indiscutiblemente en el aire en estos momentos: tamaño, clave de representación y barrera. No sabemos el número de diputados (el Estatuto no lo fija), no sabemos cómo se reparten entre las provincias (la cláusula del mínimo inicial de 20 por provincia ya no está en el Estatuto nuevo), y no sabemos cuál será el "número de votos" que debe operar como barrera electoral. Es de esperar que las incógnitas se despejen pronto, entre otras razones porque es mejor una mala ley electoral que no tener ninguna, visto lo cual pedir un poco de racionalidad y sentido del Estado a los dos principales partidos no me parece fuera de lugar. Sentado que habrá una ley electoral, y que será muy parecida a la de 1987 en lo que al fondo toca, salimos de las incógnitas institucionales para entrar en las políticas.

La incógnita radica en saber si la ventaja del PP será suficiente para conservar la mayoría absoluta

No es para nadie un secreto que la hipótesis de mayor probabilidad es que el PPCV se alce con la mayoría relativa electoral, la distancia que le separa del segundo, el PSPV era de inicio tan grande, y el proceso de disminución de la ventaja tan lento, que aunque no es imposible (pocas cosas lo son en nuestra política) il sorpasso no es la hipótesis de mayor probabilidad. Salvo sorprendente sorpresa podemos convenir en que los conservadores recibirán la "pluralidad mayor" de nuestros abuelos. Lo que ya no está tan claro es que esa mayor pluralidad suponga ir más allá del umbral que otorga la mayoría absoluta, umbral que el mayor tamaño de las Cortes viene a elevar respecto de los precedentes. Que eso es así lo acreditan los reiterados incidentes de sobreactuación de los dirigentes populares y de los escritos de los escribidores afines. Por cierto, que el empeño en desacreditar al candidato socialista puede devenir, al paso que vamos, en un estupendo recurso de captación de voto para Joan Ignasi Pla, aunque sólo sea por el hecho de que minusvalorar al competidor no es un ejercicio de prudencia, precisamente. La incógnita radica en si la ventaja conservadora va a ser suficiente para que el PP conserve la mayoría absoluta. En términos generales cabe decir que por encima de un ventaja de diez puntos pocas dudas pueden haber en que el PP repetirá la absoluta, entre siete puntos y medio y diez de ventaja la cosa va a estar cruda, tanto más cruda cuanto menor sea la distancia, por debajo de las siete y media cantará triunfo J. I. Pla, sencillamente porque, a diferencia del PPCV, el PSPV tiene socios, y si los necesita los tendrá, puede que no muy entusiastas, pero los tendrá.

La tercera incógnita radica en si habrá o no coalición entre EU y el Bloc. La probabilidad de alternancia es inversamente proporcional a la de la coalición. Es cierto que una coalición de ese tipo no llena de alegría a los contrayentes, pero también lo es que pocas cosas hay más sólidas que los matrimonios de conveniencia. Y tal vez no esté de más señalar que la parte razonable de los recelos de EU obedecen a motivos de naturaleza orgánica. No me parece exagerado señalar aquí que la afirmación según la cual una condición de posibilidad de ese matrimonio es que el primer candidato del Bloc en Castelló sea el segundo de la lista coaligada es cualquier cosa menos desencaminada. Otra cosa es la capacidad de arrastre de la coalición. Si la misma alcanzara a sumar los apoyos de ambos por separado se situaría en el entorno de 10/11 por ciento de los votos (casi un quince de los que cuentan) y si en esas condiciones pasa de diez escaños es prácticamente segura la alternancia siempre que el PSPV mantuviera sus posiciones. Si la coalición obtiene menos del ocho es poco menos que seguro que el PP repetirá la absoluta, a no ser que los socialistas recorten en un año al menos cuatro puntos de diferencial.

La cuarta incógnita pende de una decisión de política española: cuándo serán las generales. En teoría el mandato finaliza en marzo de 2008 y las elecciones tocarían en mayo de ese año. En la práctica ninguna Legislatura ha cumplido los 36 meses de períodos de sesiones (siempre ha habido disolución), y la media se sitúa en torno a los 29, los 27 meses de sesiones se cumplen en abril, los 29 en junio, los 31 en octubre. Como no creo que haya legislativas después de las catalanas (noviembre de 2007) los precedentes indican que el Presidente tiene dos opciones básicas: disolver en agosto para votar en octubre o disolver en marzo para votar en mayo. Vistas así las cosas, y considerado que el partido del gobierno obtiene sus mejores resultados en legislativas y municipales y los peores en las autonómicas la hipótesis de las elecciones coincidentes, que es la más favorable a los intereses electorales del PSOE, no me parece precisamente descartable. Y es claro a qué candidato a la Presidencia de la Generalitat favorece y a quién perjudica la coincidencia. Si el aparato socialista consigue "vender" que las mayores oportunidades para conquistar Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana se hallan en la coincidencia electoral.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.