No es un trámite

El trámite de debate de totalidad y de votación de toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobada por el Parlamento de la comunidad autónoma por una mayoría superior a los tres quintos de la Cámara, es un acto de trámite para todos los grupos parlamentarios menos para el grupo parlamentario popular.

Los demás grupos parlamentarios ya votaron a favor en la Mesa del Congreso de la remisión de la proposición de ley al Pleno para su toma en consideración, manifestando al mismo tiempo que su voto sería favorable en dicho trámite parlamentario. El grupo parlamentario popular, por el contrario, se abstuvo en la Mesa del Congreso y, aunque de forma poco clara, dejó entrever que en el Pleno votaría en contra de la toma en consideración de la proposición de reforma.

Para todos los grupos parlamentarios excepto para el grupo parlamentario popular el trámite parlamentario del 23 de mayo es eso, un trámite. Se trata, simplemente, de ratificar una posición ya adoptada y públicamente anunciada. Para el grupo popular no lo es. El 23 de mayo tiene que tomar la decisión de si acepta o se opone a la tramitación de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Esta decisión va a marcar la posición del PP en Andalucía por mucho tiempo. Si el martes el grupo parlamentario popular se opone a la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, le va a resultar muy difícil, por no decir imposible, rectificar esa decisión en la tramitación parlamentaria ulterior y en la ratificación final en referéndum.

Pues un voto negativo el martes supondrá que el PP considera que la proposición de ley de reforma no debe ser siquiera tramitada parlamentariamente en las Cortes Generales porque es tan intrínsecamente deficiente que, por mucho que se la corrija, no puede acabar siendo aceptable. No vale la pena siquiera que se la discuta, porque el vicio de origen de la proposición de ley de reforma es de tal naturaleza, que no puede ser subsanado.

Esto y no otra cosa es lo que significa un no en el trámite de toma en consideración de un proyecto o proposición de ley. No hay Jordán parlamentario en el que pueda purificarse el pecado original con que llega a las Cortes Generales la proposición de ley de reforma estatutaria.

Una vez que un partido ha fijado su posición en estos términos, ya no tiene posibilidad de corregirla. El no del martes supone continuar diciendo no en todas las fases ulteriores de la tramitación: en la Comisión Constitucional del Congreso, en el Senado y en el referéndum de ratificación del texto definitivamente aprobado por las Cortes Generales. Una vez que se dice que no a la toma en consideración, casi no tiene sentido formular "motivos de desacuerdo" al texto, cuya toma en consideración ha sido aprobada por los demás grupos parlamentarios. Si un texto no debe ser tramitado porque no es susceptible de que acabe siendo aceptable independientemente de las correcciones que se introduzcan, ¿para qué se van a formular motivos de desacuerdo y se va a participar en la discusión?

Si el grupo parlamentario popular vota no el martes 23, se estará cerrando la puerta para negociar con los demás grupos parlamentarios en las siguientes fases de la tramitación de la reforma. En cada una de esas fases el grupo parlamentario popular podrá fijar su posición, pero no podrá debatir con los demás. Pues el debate presupone la aceptación de un terreno común por parte de quienes participan en el mismo. El no del próximo martes es un noto a todo. Definitivo e irreversible. ¿Es consciente el PP a lo que se arriesga volviéndole a decir a los ciudadanos en febrero de 2007 que el referéndum de ratificación de la reforma del estatuto no es su referéndum? El próximo martes lo decide