El fiscal del 'caso Orihuela' imputa los hechos al alcalde y a la junta de gobierno
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en su escrito inicial del pasado 14 marzo por irregularidades en el Ayuntamiento de Orihuela derivadas de la gestión urbanística y contable del Consistorio imputa los supuestos hechos delictivos "al alcalde, a los miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento, a promotores y empresarios, sin perjuicio de la procedente ampliación de responsabilidades si de la instrucción así de desprende", según recoge, en el apartado de fundamentos de derecho, el auto de la titular del Juzgado número 4 de Orihuela.
La magistrada, Lydia María Paloma Montaño, acaba de dictar el primer auto de envergadura del denominado caso Orihuela. La resolución de la juez admite la propuesta del ministerio público de desglosar la denuncia general en 16 causas. La principal va dirigida contra el alcalde, José Manuel Medina, del PP, a raíz del uso del primer edil de bienes -un chalé y dos lujosos turismos-. La instrucción de esta causa la dirigirá la magistrada Paloma Montaño, y las 15 secundarias las ha trasladado al Decanato para su reparto entre el resto de oficinas judiciales. "Las diligencias de investigación necesarias pasan por tomar declaración al denunciado José Manuel Medina Cañizares [el alcalde] como imputado en un delito relativo a la ordenación del territorio en las presentes diligencias previas", precisa el auto de la juez.
En este sumario, la juez ha aceptado la personación de los promotores Joaquín Grau Pomares -dueño del chalé y del Rolls Royce que usa el alcalde- y José Antonio Rodríguez Belmonte, adjudicatario de un ilegal, según el fiscal, plan urbanístico en la costa de Orihuela, Monserrate Guillén, portavoz del grupo Esquerra Verde, y del propio alcalde. La juez también admite la personación, en esta causa principal, así como en el resto de las 15 secundarias, del portavoz del grupo municipal socialista, Francisco García Ortuño.
El auto de la magistrada relata las irregularidades a las que se refiere el ministerio fiscal en su escrito, consistentes básicamente en: "La emisión de facturas falsas, e irregularidades en contrataciones con determinadas empresas; apropiación de las recaudaciones de entradas de actuaciones artísticas; subvenciones concedidas sin justificar a la junta directiva de la asociación de Moros y Cristianos; concesiones de anticipos a cuenta a algunos concejales sin acuerdo previo del órgano competente; cambio del presupuesto en la Glorieta Gabriel Miró aumentándolo en 5 millones de euros, irregularidades en la contratación del asesor de personal por incompatibilidad manifiesta; pagos de salarios extras a una empresa no incluido en el contrato vigente; irregularidades en la compra de viviendas en el casco antiguo de Orihuela; y abusos urbanísticos".
