Los socialistas exigen al alcalde de Castellón que todas las licencias sean tan rápidas como la suya

El portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Alcalde, exigió ayer al alcalde de la ciudad, Alberto Fabra, que sea tan diligente con todas las solicitudes de licencias de obras como lo ha sido con la suya. Alberto Fabra se autoconcedió, en un plazo de 20 días, una licencia de derribo y de obras mayores cuando era concejal de Urbanismo. Miguel Alcalde sostuvo que "lejos de criticar la celeridad con la que se concedió la licencia" exige que "todos los ciudadanos tengan el mismo servicio y prontitud que el alcalde". En cualquier caso, el portavoz socialista indicó que Alberto Fabra "debería" haber empezado otorgando con celeridad las licencias de otros vecinos "para luego concederse la suya". Según el socialista, el "problema" del ahora alcalde de la capital de La Plana "es que no quiere para todos Castellón lo que sí quiere para sí mismo". Además, criticó lo que considera un trato discriminatorio respecto a otros promotores y constructores cuando las licencias de construcción para edificaciones semejantes a la del alcalde suelen otorgarse en un plazo de cuatro meses.

La solicitud fue presentada por la empresa a la que se encargó la obra junto al proyecto que firmaba la esposa del alcalde, la arquitecto Cristina Fortanet. Fabra, en su condición de responsable del Urbanismo castellonense, presidió la comisión que otorgó la licencia, trece días después de solicitarla, así como la junta de gobierno que la ratificó, 11 días después de la primera autorización, según figura en el borrador del acta.

Sin embargo, el actual concejal de Urbanismo, Javier Moliner, aseguró ayer que Alberto Fabra se ausentó de ambas reuniones aunque las actas no lo reflejen. Aún así, tal como indicó, legalmente, no existe ninguna compatibilidad para que el actual alcalde conceda una licencia a una empresa de la que no forma parte y que, en este caso, únicamente era la contratista de la obra que Alberto Fabra iba a realizar en su casa.

En cualquier caso, según dijo, los 20 días es un plazo "habitual" en el caso de solicitudes de derribo, mientras que para la licencia de obras explicó que la celeridad con la que se autorizó se debió a las fechas del año. Moliner mantuvo que a finales de julio o principios de agosto se celebra la última junta de gobierno del año política, en la que se "limpian" las solicitudes pendientes de concesión. Moliner admitió que este plazo resulta inusual en otras épocas del año pero "lógico" al tratarse de una solicitud formulada poco antes de verano.