Such y Camarasa ratifican hoy ante la fiscalía la denuncia

Los dos diputados autonómicos socialistas que la pasada semana denunciaron supuestos pagos irregulares de comisiones en las obras de construcción de Terra Mítica ratifican hoy el contenido de los escritos entregados al ministerio público. Es el primer trámite de la investigación penal abierta por la fiscalía para determinar si existen indicios suficientes de una práctica delictiva que los dos empresarios relataron a Such y Camarasa y que apunta a Eduardo Zaplana.

Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer que "no se va a instruir aquí, no se va a tomar declaración ni mucho menos a todo el mundo que aparece en esa denuncia". La Fiscalía, según las mismas fuentes se propone, tras la ratificación de la denuncia presentada por los dos diputados socialistas, reclamar documentación y entre tanto citar a declarar a los dos empresarios que relatan las supuestas prácticas irregulares.

José Herrero García y Antonio Moreno Carpio son dos de los 24 empresarios imputados en una supuesta trama de facturas falsas que sirvió en los ejercicios 2000 y 2001 para defraudar a la hacienda pública 4,4 millones de euros en los impuestos del IVA y de Sociedades. Ambos empresarios, cuyas mercantiles formaron parte de la cadena de subcontrataciones que ejecutaron las obras de accesos al parque temático, relataron en una conversación grabada y de la que dispone copia la fiscalía, que las facturas se manipulaban, que el empresario Vicente Conesa era el primer destinatario del dinero que se pagaba en concepto de comisiones y que era Conesa quien señalaba a Zaplana como el receptor final de las bolsas de dinero. La Fiscalía les tomará declaración para que relaten ante el ministerio público los hechos que contiene la grabación y para que expliquen dónde se encuentra la documentación acreditativa de determinados movimientos de dinero.

La investigación de la fiscalía, según fuentes de la institución, sólo ha avanzado desde que hace una semana se presentara la denuncia en determinar que los empresarios declaren y que se requiera documentación básica de carácter contable, administrativo y bancario. Está descartada la citación de Eduardo Zaplana por parte de Fiscalía, no así la de Conesa (quien en 1995 estuvo relacionado con la supuesta adjudicación irregular de proyectos del Ayuntamiento de Benidorm cuando Zaplana era alcalde).

La otra investigación en fase judicial es la de la denuncia presentada por la trama de facturas falsas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia comunicó ayer en un auto que la denuncia que sustituye a la que fue anulada por defecto en la tramitación se queda en su oficina porque la anterior, la que no contaba con un trámite preceptivo, sigue viva a pesar del archivo decretado. Fiscalía y Agencia Tributaria recurrieron, según fuentes de la investigación.