Energía con fronteras
Resulta evidente que la UE carece de una política energética común; y que precisamente una política unificada es una de las escasas defensas de que disponen las áreas económicas para proteger a los ciudadanos y las empresas cuando se producen convulsiones en los mercados de petróleo, de gas o de materias primas. De hecho, la Unión sólo dispone de una política común real que se parezca a un mercado unificado, que es la libre circulación de capitales. La cruda realidad es que los mercados energéticos son, en general, nacionales; que acaban justamente donde terminan las redes de transportes de gas o electricidad, normalmente bajo gestión pública; y que las declaraciones de intenciones sobre la libre circulación de energía hoy no tienen otra encarnación que la lírica de los buenos deseos. La OPA de E.ON sobre Endesa, el blindaje de los mercados alemán, francés e italiano o las variadas políticas proteccionistas así lo demuestran.
Súbitamente, varios problemas han sacudido este modelo de buenas intenciones y malos resultados. El precio del petróleo ya no parece que vaya a bajar de los 50 dólares; en América Latina aparecen políticas de nacionalización que requieren de una respuesta coordinada y Rusia empieza a utilizar sus apabullantes reservas de gas, el combustible más valorado en el presente y con un futuro sólido, como arma de presión política. Europa debe manejarse con la suficiente habilidad como para garantizarse el suministro del gas ruso sin chantajes y promover las inversiones y los acuerdos necesarios para que ese gas llegue también a la península Ibérica, excesivamente dependiente del gas argelino.
La confluencia de tensiones puede interpretarse como una llamada de atención para que los países de la UE vayan aproximando sus políticas energéticas. Y una vía posible, aunque probablemente insuficiente, es articular políticas conjuntas de abastecimiento. Si la existencia de un mercado abierto y competitivo de energía es hoy un objetivo lejano, la seguridad en el suministro arbitrado por una autoridad europea puede ser una vía prometedora a medio o incluso a corto plazo. Contribuiría a disolver las reticencias en asuntos vidriosos -como la mencionada OPA de E.ON- y aumentaría la capacidad de negociación energética de los miembros de la UE.
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