La gestora cifra en 500 millones la deuda del Ayuntamiento de Marbella

El presidente de la comisión gestora de Marbella, Diego Martín Reyes, tildó ayer la situación financiera municipal de "crítica", y aportó un dato de vértigo: la deuda supera los 500 millones de euros, y aún no está cuantificada del todo. La gestora volvió a reclamar ayuda a la Junta y al Gobierno para afrontar la "insostenible" coyuntura económica. Entretanto, el ex alcalde Julián Muñoz compareció ayer en los juzgados para declarar como imputado por presunto delito urbanístico en cinco causas distintas.

"La deuda tiene tendencia a aumentar porque no está del todo cuantificada y seguimos recopilando facturas", explicó el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes. El montante crece cada mes, porque el Ayuntamiento tiene 12 millones de euros de gasto mensual y sólo ingresa seis millones.

A los vocales de la gestora, remontar la herencia económica tras la última corporación que presidía la ahora encarcelada Marisol Yagüe, se les antoja "imposible" sin la ayuda externa. "La inyección del Estado y de la Junta ya se está demorando demasiado y esperaba una mayor rapidez. Hasta ahora sólo ha habido buenas y esperanzadoras palabras", criticó el vocal de Economía y Hacienda, Carlos Rubio, del PP. El vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, visitó recientemente Marbella para anunciar la concesión de créditos a devolver "con las mayores facilidades", pero éstos aún deben concretarse sobre la mesa de negociación entre la gestora y el Gobierno autonómico, así como previsiblemente el Gobierno central.

Las gruesas cifras incluyen una deuda con la Seguridad Social que asciende a 177 millones y otra con Hacienda que supera los 100 millones. La gestora ha comenzado las espinosas negociaciones con estos dos principales acreedores para negociar unos pagos antes de que se tornen asfixiantes. "Esperamos lograr un convenio de refinanciación en junio, tras negociar con estas dos administraciones, y así lograr un desbloqueo en la participación de los fondos del Estado, que serían unos dos millones al mes que alivie la situación a corto plazo", explicó Rubio.

Además, los acreedores públicos incluyen el Patronato Provincial de Recaudación (23 millones) y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, con la que el Ayuntamiento contrajo una deuda de nueve millones de euros.

La deuda también atañe a acreedores privados como el BBVA, que absorbió el Banco de Crédito Local, al que el consistorio adeuda más de 55 millones, y múltiples proveedores de servicios con los que el Ayuntamiento mantiene abultadas deudas que la gestora aún no ha podido determinar después de tres semanas.

"Todas estas negociaciones con los acreedores implican un plan de saneamiento muy severo que acarrearán recortes en personal y gastos, pero también es necesario un incremento de los ingresos", justificó Rubio.

Por otro lado, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz acudió ayer a los juzgados imputado por cinco presuntos delitos urbanísticos distintos. En todos ellos Muñoz declaró por formar parte de la corporación que concedió licencias urbanísticas contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU ) vigente, de 1986.

Su primera comparecencia fue ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4, Antonio Jesús Jiménez, por el denominado caso Magenta, en el que están imputados otros 14 ex ediles de las dos últimas corporaciones.

La causa investiga la concesión de una licencia por parte del equipo de gobierno presidido por Muñoz al grupo empresarial Magenta para la construcción de 20 viviendas adosadas en una parcela donde el PGOU vigente de 1986 preveía sólo cinco. El Ayuntamiento otorgó la licencia urbanística en abril de 2002, mientras que el equipo de gobierno que presidía la anterior regidora Marisol Yagüe aprobó el proyecto de ejecución de la edificación en 2004. Tras una denuncia del PSOE ante la Fiscalía en 2004, ayer declararon los ex ediles Rafael González, Marisa Alcalá, José Luis Fernández y Alberto García.

Muñoz declaró también como imputado por un delito contra el territorio en otras cuatro causas que instruye el magistrado de Instrucción número 3, Gonzalo Dívar, por la supuesta concesión de licencias urbanísticas contrarias al PGOU de 1986 concedidas a las promotoras Turasa, Construcciones Salamanca y Obarinsa.

El letrado de Muñoz, Ernesto Osuna, solicitó la tramitación conjunta de todas las diligencias abiertas por la concesión de licencias del Ayuntamiento según el PGOU de 1998, impugnado por la Junta. "El caso único redundaría en un ahorro para la administración de justicia y también en la seguridad jurídica", explicó.