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Tribuna:

Soberanismo y referéndum

¿Puede un independentista votar al Estatuto y no traicionar sus convicciones soberanistas? Evidentemente sí, siempre y cuando aceptemos que un independentista declarado puede ser presidente del Parlamento autónomo, consejero de la Generalitat o socio preferente de un Gobierno español sin que ello haya significado ninguna traición ni a su trayectoria política ni mucho menos a su proyecto político finalista.

Lo que está en juego el próximo 18 de junio no es otra cosa que una mejora de un sistema autonómico español mediante la aceptación plebiscitaria de una ley orgánica española aprobada previamente por las Cortes Generales de España después de una negociación política de una representación de estas con una del Parlamento catalán, que fue el que originariamente propuso un contenido de nuevo Estatuto.

Es decir, para los soberanistas o independentistas que nunca han consentido ni legitimado el sistema autonómico es evidente que su posición ante el referéndum debe ser, por coherencia, de ignorancia del mismo o de oposición. Pero no así para quienes desde el inicio han estado desarrollando importantes funciones en ese sistema institucional y, lo que es más relevante, que piensan seguir desarrollándolo en el futuro. Sólo el anuncio de que en el futuro inmediato posterior al referéndum los soberanistas que hasta ahora se han implicado en la gobernabilidad de la Generalitat dejarán de hacerlo e iniciarán una nueva estrategia política, sería coherente con la decisión de rechazar una mejora estatutaria.

La actuación política de las formaciones parlamentarias normalmente se rige por la mejora y el cambio gradual. Es decir, los pactos institucionales que comportan el acuerdo entre distintas formaciones no es habitualmente de plena satisfacción para ninguna de ellas. El secreto del éxito siempre está en que nadie alcance la victoria plena y que todos cedan. Así se pactan las leyes. Un ejemplo de lo que intento explicar lo tenemos en la ley de educación aprobada este invierno por las Cortes españolas, donde después de meses y meses de negociación se llegó a un acuerdo. En clave de los intereses de Esquerra Republicana (ERC) era una mejora, pero distaba mucho de lo que a ellos les hubiera satisfecho de acuerdo con su programa. A pesar de ello ERC votó a favor probablemente porque valoró que las mejoras, a pesar de ser insuficientes, existían. Y así podríamos seguir con otros muchos ejemplos para concluir que difícilmente si hay mejoras -aunque éstas sean escasas- uno se opone a un acuerdo.

Bajo ese mismo criterio, la oposición del PP al nuevo Estatuto es de pura lógica. Una formación españolista no puede más que rechazar la mejora del autogobierno. Para ellos no es un paso adelante, sino un paso atrás. Era evidente que el nuevo Estatuto catalán no podría alcanzar la unanimidad. Es verdad que Pasqual Maragall y Joan Saura insistieron en esa intención, pero era más un gesto para la galería que una posibilidad real. Un trayecto compartido sólo se puede realizar entre quienes van hacia una misma dirección, y es evidente que el PP y una mejora del autogobierno se encaminan a polos opuestos.

Sin embargo, el lío monumental que ha caracterizado la política catalana en los últimos años contamina y mucho la naturaleza de la convocatoria del próximo 18 de junio. Sin ir más lejos, la última decisión relevante del presidente Maragall de expulsar a los socios republicanos del tripartito en el Gobierno catalán alimenta en algunos sectores la convicción de que el día 18 lo que está en juego es mucho más que un texto estatutario. En verdad ahora ya no es claro si el no republicano será argumentado más como un no por el Estatuto que no fue o un no por su expulsión del Ejecutivo. Si hacemos caso de la capacidad interpretativa de Carod Rovira en las horas posteriores a la fin del tripartito, parece evidente que el rechazo a su expulsión del mismo será el eje central de sus argumentos.

Efectivamente, estamos en un escenario en el que los cálculos partidistas y los tacticismos particulares de cada uno intentan situar esta consulta en otra lógica de la que nunca debería haber salido. El enorme riesgo de marear tanto al personal y complicar tanto el discurso político es que finalmente las consecuencias que se generen sean no deseadas. Hasta donde conozco y hasta donde sé interpretar, eso es, más o menos, lo que ocurrió en Esquerra Republicana. La posición de la militancia favorable al no fue una opción descartada por Carod y por el resto de la dirección republicana. Defiendo que las bases de un partido tomen ese tipo de decisiones de manera democrática, pero la contrapartida es que la dirección -que no es otra cosa que la referencia política para los militantes y votantes- sea clara y actúe responsablemente con su proyecto. Lo peor para un partido es que las bases se alimenten de un discurso de sus dirigentes y lo conviertan en decisión estratégica cuando ese discurso sólo era puro tacticismo. Es evidente que para muchos dirigentes de ERC sólo hay algo más difícil de aceptar que haber sido expulsados del Gobierno que ellos crearon; ese algo es decir no a un Estatuto del cual ellos son en gran medida responsables.

El próximo 18 de junio no está en juego la independencia de Cataluña ni tan sólo la reforma constitucional. Por eso, es perfectamente razonable que cualquier independentista -si no rechaza de lleno el actual autogobierno- apoye la mejora del mismo. El día que los independentistas seamos mayoría en nuestro Parlamento podremos iniciar otro proceso que de pura lógica ya no será de reforma estatutaria. Pero ese día aún está lejano y la reforma estatutaria no nos aleja de él. Rechazar la reforma no tiene en clave independentista mucho sentido.

Jordi Sánchez es politólogo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de mayo de 2006