El PSE ofrece un pacto político para "blindar" las normas fiscales

El PSE-EE quiere un amplio acuerdo para "blindar" las normas fiscales vascas. Su secretario de Organización, Rodolfo Ares, aseguró ayer en Bilbao que hay que huir del "victimismo" del que ha hecho gala el PNV, respetar a la judicatura y buscar entre todos una fórmula jurídica que impida que las normas forales que afectan a competencias fiscales exclusivas sean recurridas ante la jurisdicción contencioso- administrativa.

La polémica en torno al blindaje del Concierto Económico parte exclusivamente de problemas derivados con el Impuesto de Sociedades. Si primero fueron los incentivos fiscales a la inversión, que llevaron las normas fiscales vascas hasta la UE, en segundo lugar vino la anulación por parte del Tribunal Supremo, en 2004, del tipo de este impuesto, situado en el 32,5%, por considerarlo ayuda de Estado contrario a la normativa europea, al ser 2,5 puntos inferior al de territorio común. En aplicación de la sentencia del Supremo han seguido varios autos del Tribunal Superior de Justicia -el último de la pasada semana- rechazando el intento de las diputaciones de repetir el mismo tipo anulado o elevarlo únicamente una décima, al 32,6%.

Los partidos nacionalistas han aprovechado para criticar a los jueces y asegurar que actúan por criterios políticos. La propia Sala de Gobierno del Superior ha censurado las palabras que en este sentido pronunció el diputado general de Vizcaya, el peneuvista José Luis Bilbao, quien afirmó que algunos sectores de la judicatura actúan de la mano del PP para el "derribo del autogobierno vasco".

Los socialistas salieron ayer a la palestra criticando al PP y al PNV y pidiendo consenso. Al primero, por gobernar en las comunidades que recurren la norma, al segundo por haber aprobado un tipo tan solo una décima superior y por atacar a la judicatura. Ares recordó, que hay multitud de declaraciones del Parlamento vasco que dicen que los jueces y magistrados que trabajan en Euskadi son propios. El viernes, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aprovechó la resolución judicial desfavorable a sus actuaciones legislativas en las Juntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava para reclamar una Justicia propia.

En unas declaraciones realizadas en Barakaldo, Rodolfo Ares manifestó la disposición de su partido para encontrar una fórmula que evite la litigiosidad planteada sobre los contenidos del Impuesto de Sociedades vasco. Es lo que se ha dado el llamar el "blindaje" del Gobierno, aunque los problemas únicamente se han suscitado en disposiciones de este impuesto, que han llegado también a la Comisión Europea y al Tribunal de las Comunidades Europeas en Luxemburgo

Al Constitucional

Se trataría de buscar el sistema para que las normas forales fiscales no puedan ser recurridas, como ahora, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, situación que permite que lo haga cualquiera que se considere afectado o interesado. Aunque la materia fiscal está reservada constitucionalmente a ley, en Euskadi su regulación es aprobada por las Juntas Generales como norma foral, por lo que, a diferencia de las leyes aprobadas por las Cortes o los parlamentos autonómicos, su enjuiciamiento no corresponde el Tribunal Constitucional.

Para conseguir que así sea y sacarlas de la jurisdicción contencioso-administrativa, se han planteado en los últimos tiempos distintas soluciones posible. La propuesta del PP de modificar la Ley de Territorios Históricos no ha encontrado eco en los demás partidos. Desde las fuerzas de izquierda se ha sugerido que las Juntas Generales eleven al Parlamento sus normas fiscales y que la Cámara vasca las ratifique, con lo que tendrían la consideración de leyes y su control pasaría al Constitucional. Ello reduce la posibilidad de recurso al Gobierno central, a 50 diputados o senadores y al Defensor del Pueblo. Sin embargo, esta sencilla salida, por la que abogó Ares y el secretario de Política Económica de la ejecutiva del PSE, Mikel Torres, disgusta al PNV y el PP, por considerar que degrada las competencias forales.

La otra opción para la que ofreció consenso sería abordar una modificación en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprovechando la reforma que se está tramitando actualmente en el Congreso. Esta medida es la que propugna también el PNV, que ha presentado varias enmiendas en esa dirección. Al tratarse de una ley orgánica, el cambio tendría que tener el respaldo de una mayoría cualificada en las Cortes Generales, por lo que sería tan con el beneplácito del nacionalismo.

Ares aprovechó su comparecencia para criticar duramente al consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, de quien dijo no propugna el diálogo social y trabaja al dictado del sindicato ELA. Ares defendió el acuerdo por el empleo firmado en Madrid por los sindicatos, patronal y Gobierno, y criticado por el Ejecutivo vasco y los sindicatos nacionalistas.