Uniforme y porra

"Es una labor de muchas horas de trabajo. Los policías trabajan en horario de mañana, tarde y noche hasta que logran comprobar que alguien está ejerciendo de manera ilegal como vigilante de seguridad". Así se expresa el jefe de la sección de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el inspector jefe Francisco Gil. "Se trata de un sector en el que se da bastante intrusismo. Todos los días nos llega alguna denuncia de particulares o empresas que han detectado algún trabajador sin la habilitación del Ministerio del Interior", añade este mando policial.

El grupo de Empresas de la sección está formado por nueve agentes. Su cometido es vigilar las funciones que realizan los guardas de seguridad de toda la región. Este hecho les obliga a desplazarse a puntos tan distantes como Aranjuez o Somosierra para comprobar en directo las denuncias que les llegan.

La falta de vigilantes es la que motiva que muchas empresas, en especial las más pequeñas, pongan a trabajar a personas sin los requisitos necesarios. "En este caso no existen dobles tintas. O se está habilitado o no se está", añade Gil.

Los agentes vigilan los lugares que son denunciados hasta comprobar que realmente existe la infracción a la Ley de Seguridad Privada. En este caso, toman declaración al supuesto infractor y redactan una propuesta de sanción que remiten a la Delegación del Gobierno en Madrid.

Al tratarse de una falta grave, la sanción puede alcanzar los 30.000 euros. "Algunas veces son los sindicatos los que denuncian ese intrusismo", explica el inspector jefe. Esta sección también revisa los contratos de trabajo de los vigilantes.

"Lo que debe quedar claro es que se comprueban todas las denuncias que nos llegan. Estamos hablando de un sector muy crítico como para que se den fallos", puntualiza Gil. Fuentes del sector han calculado que de cada 100 personas que se presentan con la intención de conseguir la habilitación son menos de 20 los que llegan al final del proceso.

Otro problema que se da es que las empresas se rifan a los empleados, incluso cuando son despedidos de las firmas de la competencia. Al haber estado trabajando ya de vigilante de seguridad, el empleado tiene el título habilitador. La nueva empresa, salvo que se trate de una falta muy grave, contrata, porque se evita un periodo de meses de formación.

"También se da bastante absentismo. Eso nos genera muchos problemas porque tenemos un puesto de seguridad sin cubrir, con las consecuencias que ello supone", señala el director de Seguridad de una gran empresa, que prefiere el anonimato. "Además, la empresa no tiene personal con el que suplirlo, por lo que, si no te das cuenta de las faltas, piensas que estás protegido, cuando realmente no es así", explica.

Por ello, muchas empresas han desarrollado la figura del inspector de seguridad que comprueba que los vigilantes estén en sus puestos y a las horas predeterminadas. Se trata de puestos baratos para las compañías. Como los contratos suelen recoger sanciones en caso de incumplimiento, los inspectores suponen un claro ahorro para el contratante. "En cuanto detecten cuatro o cinco fallos en un año, ya hemos recuperado su sueldo con creces", afirma este directivo.