Con una pistola al cinto

Madrid ha vivido en menos de cinco meses tres hechos graves en los que han intervenido vigilantes de seguridad con eventuales problemas psicológicos. El 9 de enero, el empleado de Orma Seguridad Manuel Ramírez Torrecilla, de 35 años, mató a tiros a dos compañeros en la antigua sede central de Correos y dejó herida muy grave a una tercera. Después se suicidó de un tiro en la cabeza. Otro vigilante, Francisco Javier Casado Hullán, irrumpió el pasado mes de marzo en el Tribunal Supremo y realizó seis disparos con una pistola de fogueo. Nada más salir de la cárcel, el pasado 10 de mayo, dejó tuerto a un hombre con una barra de hierro por una discusión de tráfico. Al registrar su vehículo, la Policía encontró dos palos largos con la punta de acero, una barra antirrobo doblada y una navaja de seis centímetros de hoja. El tercer caso se produjo el pasado domingo, cuando el vigilante de seguridad Antonio Mena Sanz, de 27 años, que estaba fuera de servicio, murió tras enfrentarse a cuatro compañeros en la estación de Atocha.

Según las empresas de seguridad, España tiene una de las legislaciones más estrictas de la UE

La patronal reclama al Gobierno central que deje entrar a los inmigrantes en el sector

Los responsables de las empresas de seguridad aseguran que se trata de casos aislados que han coincidido en pocos meses. Eso sí, piden reformas legislativas que les permitan contratar a inmigrantes y acabar con el intrusismo. Sin embargo, fuentes del sector reconocen que, hoy por hoy, no se aplican medios o controles suficientes para comprobar el estado psicológico de sus contratados. Y eso que muchos de estos vigilantes llevan un arma de fuego (pistola o revólver) al cinto.

Los datos son elocuentes. En España están dados de alta unos 80.000 vigilantes de seguridad. Éstos requieren una habilitación especial del Ministerio del Interior para ejercer su trabajo. De esa cifra, 29.000 residen en la Comunidad de Madrid, pero sólo ejercen la actividad cerca de 15.300, según fuentes policiales. Esto supone que las 287 empresas de seguridad dadas de alta en la región tienen que repartirse lo que consideran una oferta muy pequeña.

Uno de los principales problemas es que día a día crece el número de empresas, organismos y particulares que desean contratar vigilantes para proteger sus bienes o a sí mismos. Ello plantea serios problemas porque desde que un aspirante contacta con una empresa de seguridad hasta que puede salir a la calle pasa un tiempo mínimo de cinco meses. Y eso en el mejor de los casos.

"España tiene una de las legislaciones más estrictas a la hora de formación y control de los vigilantes de seguridad. Todo está perfectamente regulado y vigilado por la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior", dice Eduardo Covas, secretario general de la Asociación Profesional de Empresas de Seguridad Privada (Aproser), que engloba al 75% de las compañías del sector.

Un aspirante a vigilante necesita ser ciudadano de la Unión Europea, tener entre 18 y 55 años, superar 1,70 metros de estatura (o 1,65 en el caso de las mujeres), tener una buena relación entre peso y estatura, estar en buena forma física y poseer como mínimo el título de graduado escolar. A eso se suma carecer de antecedentes penales, no haber sido sancionado en los últimos cuatro años por infracción muy grave, ni separado de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

El Ministerio del Interior obliga a que los aspirantes pasen un curso de formación de 180 horas impartido en seis semanas (30 semanales) y después superar un examen oficial que se convoca cada mes y medio. También deberán demostrar buena preparación física: correr 1.000 metros en un determinado tiempo y hacer un número de flexiones, entre otras pruebas. Una vez que han superado los exámenes teóricos y físicos, deben esperar a la publicación de las notas y a que transcurra el periodo de alegaciones.

"Hay un claro problema. La gente que busca ganar dinero pronto no se decanta por este sector porque tarda mucho en tener el título habilitador. Hay más demanda en la hostelería o en la construcción, donde la contratación es de un día para otro si los aspirantes tienen los papeles en regla", señalan fuentes de las empresas. Pero, ¿tiene el sector medios para evitar que personas con problemas psicológicos o mentales lleguen a conseguir el título habilitador? En principio, no.

El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil someten a sus aspirantes a complicados tests psicológicos y de personalidad, cuya finalidad es que el aspirante responda a un determinado perfil: educado, capaz de recibir órdenes, tranquilo ante las adversidades y capaz de enfrentarse a las crisis, entre otras características.

Estas pruebas psicotécnicas no son obligatorias en el caso de los vigilantes de seguridad. La orden de 14 de enero de 1999 del Ministerio del Interior recoge que este tipo de pruebas sólo deberán ser obligatorias en el caso de los vigilantes que lleven armas de fuego. Además de pasar un cursillo de capacitación y unas prácticas de tiro cada seis meses, tendrán que pasar estos tests. El resto, de momento, está eximido de este requerimiento. Sólo el 25% de los vigilantes lleva revólver o pistola, según fuentes del sector. Estos trabajadores armados están destinados a bancos, joyerías y al traslado de dinero o de valores. A esta lista se añaden centros con alto riesgo en caso de ser atacados, como centrales eléctricas, aeropuertos, estaciones, medios de comunicación... También pueden ser autorizados en polígonos industriales y urbanizaciones muy alejadas del casco urbano.

El homicida en serie Alfredo Galán Sotillo, también conocido como el asesino del naipe, aprobó dos pruebas psicológicas para trabajar en una empresa de seguridad sin que sus responsables detectaran los problemas psiquiátricos que padece. Es un ejemplo más de la falta de control.

Eso no impide, sin embargo, que las empresas más grandes y cuyos nombres son conocidos por la mayoría de los ciudadanos tengan entre sus pruebas de acceso esos psicotécnicos. "Es una forma de protegernos ante posibles problemas y de que nuestros clientes reciban un servicio acorde a lo que pagan", añaden fuentes de una reconocida compañía. Las empresas pequeñas, por el contrario, con departamentos de Recursos Humanos más modestos, no suelen gastar dinero en hacer estas pruebas específicas.

"Que en un sector en el que trabajan tantas personas se hayan dado dos casos tan recientes en Madrid es sólo una coincidencia. Lo que ocurre es que siempre se pone el acento en que algunos sucesos, sobre todo si son muy macabros, lo protagonizan vigilantes de seguridad. Eso no ocurre con otros sectores profesionales. Habrá que preguntarse por qué se da esto", protestan fuentes de Aproser.

La Asociación Española de Directores de Seguridad, a la que pertenecen más de 350 personas con esa titulación otorgada por el Ministerio del Interior, ha comprobado que la formación de los vigilantes suele ser "mínima y prácticamente nunca especializada".

Otro problema detectado por este grupo es que se produce "una excesiva rotación", de forma que el guarda de seguridad no llega a conocer bien las características del puesto de trabajo. "Esta profesión está considerada como de paso. A eso se une la escasez de vigilantes, que obliga a que los trabajadores hagan jornadas de 12 horas, lo que redunda en una menor eficiencia", precisa un portavoz de la asociación.

La falta de aspirantes es un problema para los responsables de las empresas de seguridad que tendría una fácil solución: bastaría dejar que los inmigrantes pudieran acceder a estos puestos de trabajo. Y ponen un ejemplo muy claro: un ecuatoriano o un venezolano pueden formar parte de las Fuerzas Armadas españolas, pero, sin embargo, no pueden conseguir el título de guarda de seguridad.

"Cuando disminuye la cantidad de aspirantes, también disminuye la posibilidad de selección de personal. Probablemente, corresponde al legislador abrir la manga para permitir que entren más personas", comentan fuentes de la patronal. "Según nuestros cálculos, son necesarios unos 20.000 vigilantes más en toda España", añaden. La principal carencia se da en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. En las regiones más pequeñas, donde la demanda es menor, las plazas se cubren sin dificultad.

Una estratagema que se han inventado algunas empresas es la figura del guarda o auxiliar de seguridad. Legalmente, esta modalidad no existe porque sólo pueden llevar porra y grilletes los trabajadores habilitados por el Ministerio del Interior. De nada sirve tener un vistoso uniforme si no va acompañado de la tarjeta de identificación personal (TIP) y de la placa blanca con caracteres rojos que deben lucir los vigilantes que han aprobado el examen.