Los andaluces deben saber

A pesar de los muchos intentos por ocultarlo, diluirlo o enmascararlo, no es un simple debate semántico el que estos días ocupa en cada una de las reformas estatutarias a los parlamentos autonómicos. No es una cuestión de sintaxis ni de mera retórica -como a menudo interesadamente se quiere hacer ver- sino de un profundo calado, legal y político, que con toda seguridad determinará por muchos años el modelo de vertebración territorial del Estado.

Decir sin sonrojo que se pretende en Andalucía un Estatuto "de primera y de máximos" y renunciar al mismo tiempo a la definición de nación ya aprobada para Cataluña -e incluso a estas alturas para Galicia y Euskadi-, al igual que desistir del máximo nivel de competencias o no defender criterios de mejora de financiación para nuestro pueblo significa -tal y como el propio presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, ha llegado a reconocer sin rubor alguno- aceptar que intelectualmente es posible "tragar trébedes" y que el hecho pueda pasar desapercibido. Andalucía es nación, de eso no cabe duda; pero además a Andalucía le interesa serlo en el nuevo Estatuto. No nos engañemos ni tampoco nos dejemos engañar: tal definición no está destinada a decorar un texto literario cualquiera, sino a ser manifestada en el marco de nuestro propio ordenamiento jurídico en consonancia con lo idénticamente expuesto en aquellos Estatutos llamados a ser de primera.

Si por un lado los que aseguran que la diferencia entre el término "nación" y el eufemismo "realidad nacional" es una mínima y sutil distancia semántica sin mayores consecuencias jurídicas o de poder, el motivo no consiente tal desgaste de energías: hágase y sustitúyase sin más en nuestro Estatuto. Si, por otro, se es capaz de manifestar que Andalucía debe ejercer un papel de equilibrio y contrapeso en el futuro modelo territorial, se hace necesario explicar simultáneamente que ningún papel está justificado si finalmente significa perjudicar a nuestra tierra en beneficio de otros. Ni a los andaluces ni a los andalucistas nos interesa entonces ejercer ese papel.

No. No es una cuestión nominalista. Se trata de la plasmación objetiva de un debate que claramente se establece en términos políticos, y especialmente en términos económicos, sobre el modelo que en décadas homologará la cualidad de nuestra integración en el modelo de Estado.

Los andaluces deben saber que cambiar ese modelo es nuestro principal objetivo. Consecuencia directa de él, Andalucía ha venido sufriendo durante décadas una situación de marginación política y de injusta discriminación económica que nos ha sumido de hecho en los últimos puestos de la economía europea y que, de no reconducirse la reforma del Estatuto, definitivamente nos postergará a rangos políticos de segundo nivel.

Precisamente las competencias y la financiación autonómica, objeto fundamental de las reformas, tienen que ver con eso: con una situación de reparto que ha penalizado a Andalucía por no pertenecer al selecto club de los territorios fiscalmente relevantes, aun representando nuestra tierra la parte más cualitativa del mercado español y contribuyendo de forma esencial a los rendimientos del mismo. De lo que se trata pues es de modificar los mecanismos de tributación y de reparto de fondos para evitar que una vez más Andalucía quede alejada de los tradicionales centros de decisión, y evitar también la injusta situación en la que la mayor parte de las empresas obtienen de Andalucía buena parte de sus recursos sin compensarlo tributariamente en manera alguna y, en la mayor parte de los casos, sin aportar siquiera un solo trabajador.

Con una industria propia bajo mínimos, una agricultura literalmente en quiebra por efecto de la globalización, una flota desguazada y unas tecnologías lejos aún de ser algo más que un simple eslogan de propaganda política, los andaluces únicamente adquirimos sentido como usuarios y consumidores de bienes, mientras que los importantes flujos fiscales que como tales generamos directamente engrosan las arcas centrales del Estado, cuando no de otros territorios. Es todo un síntoma que -sólo más tarde y en concepto de la mal llamada "solidaridad interterritorial"- se defienda la aplicación de un criterio de población para el reparto de fondos, mientras que ese mismo criterio sea rechazado para el reparto equitativo de la riqueza misma. Hacerlo por razones de aparente solidaridad o hacerlo, por contra, por razones de simple justicia redistributiva, lleva aparejada tanta tragedia como la de subordinar e incapacitar a Andalucía en la toma de decisiones en el ámbito económico por muchos años.

No, decididamente los andalucistas sabemos que no es semántica lo que se discute en la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, como no lo es en el caso de Cataluña. Por eso defendemos un verdadero modelo en el que Andalucía cuente y participe como Nación, con los derechos y obligaciones que rijan un contexto jurídico de igualdad, solidaridad y lealtad que permitan la convivencia futura de los distintos pueblos que integran el Estado.

Lejos del desprecio partidista que algunos alimentarán hacia nuestra legítima posición y de la malsana intoxicación que -ya adivinamos- se va a ejecutar contra nosotros, los andaluces deben saber que el Partido Andalucista mantendrá su defensa de los derechos de Andalucía hasta sus últimas consecuencias. El Partido Andalucista no podría dejar de hacerlo porque sencillamente jamás nos lo perdonaríamos. Como igualmente esperamos que los andaluces tampoco lo hagan ni lo consientan.

Julián Álvarez es secretario general del Partido Andalucista