Tripartito, punto final

Pasqual Maragall decidió ayer, acertadamente esta vez, renunciar a insuflar vida al ya difunto tripartito que ha gobernado Cataluña desde finales de 2003 y prescindió de Esquerra Republicana (ERC) como tercera pata de ese Gobierno. Han sido dos años y medio de coexistencia durante los que Maragall apenas ha podido ejercer su autoridad, preso como estaba de una alianza no decidida por él, sino por su socio: fue Esquerra, que tenía la posibilidad de gobernar con CiU, la que eligió al PSC. Afectado por esa dependencia, Maragall ha ejercido la presidencia de forma zigzagueante y confusa, lo que se ha manifestado de manera estruendosa en las dificultades para resolver las crisis generadas desde las filas de los republicanos. Ejemplos de ello han sido el viaje de Josep Lluís Carod Rovira a Perpiñán para entrevistarse con dirigentes de ETA; la imposición de los consejeros republicanos sin la más mínima consideración a la autoridad de presidente, o las reuniones de balance de gestión que presidía el propio Carod con sus seis consejeros en el Gobierno de la Generalitat.

Esquerra, con su actitud contra el principal proyecto del tripartito, la reforma del Estatuto, se ha autoexpulsado del Ejecutivo catalán. La dirección republicana, incapaz de controlar e imponerse a sus bases, ha demostrado una gran inmadurez. El culto al asambleísmo ha hecho que unas bases representadas por no más de un millar de militantes hayan tenido más peso que la opinión mucho más matizada, según las encuestas, de su medio millón de votantes. La ruptura del tripartito es un fracaso de la apuesta de Maragall que abre expectativas nuevas: todas las alianzas son ahora posibles, incluida la de CiU con el PSC, lo que relativiza la posibilidad de que ERC vuelva a tener en sus manos la doble llave: Gobierno nacionalista o Gobierno de izquierda catalanista. En las elecciones de otoño no habrá mirlos blancos: todos los partidos llegarán con experiencia de gobierno a sus espaldas, lo que dará ocasión a los electores de juzgarles en función de su gestión y actitud, y no sólo de sus discursos.

También forman parte del balance negativo las vacilaciones de los socialistas de Maragall, que incluso recurrieron a una remodelación del Gobierno con la aparente intención de garantizar su continuidad, a despecho de la división ya evidente suscitada por el nuevo Estatuto. De lo que pase en el referéndum de junio tendrá también su parte de responsabilidad la maquiavélica estrategia de CiU de subir el listón en la tramitación del texto en su fase catalana, para presentarse luego como apagafuegos pactando su recorte en negociaciones bilaterales con Zapatero. Sospechosamente indiferente a los cambios del texto estatutario, el PP se ha mostrado incapaz de tener una incidencia real, paralizado entre el deseo de condicionar y el miedo de legitimar el resultado con su participación. La etapa que ahora se abre en Cataluña, aunque llena de interrogantes, permitirá cuando menos racionalizar la vida política. El Estatuto dejará de convertirse en la caverna de Platón que desdibuja o caricaturiza todas las políticas sociales. Porque el Gobierno tripartito tiene en su haber algo que Jordi Pujol no logró en 23 años: un pacto por la educación entre patronal, sindicatos y Administración; una ley de barrios (para ayudar a los más deprimidos) y un envidiable saneamiento financiero de la Administración. Habrá que ver si, tras esta experiencia, el nuevo Gobierno es capaz de hacer que el pragmatismo de las políticas concretas gane terreno al ideologismo estético y paralizante.