La gestora de Marbella ha precintado nueve obras ilegales con 713 viviendas en 10 días
El Ayuntamiento construirá las primeras VPO en la ciudad después de 18 años
![Javier Martín-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
Los precintos de obras ilegales en Marbella aumentan de ritmo. La comisión gestora ordenó ayer paralizar otras tres promociones edificadas en zona verde y contrarias al PGOU de 1986, entre las que se encuentra un apartahotel con 80 apartamentos, y dos promociones de lujo, de 11 y seis viviendas en la zona de Nueva Andalucía. Hasta el momento han sido precintadas 713 viviendas en construcción desde el pasado 2 de mayo. El presidente regional del PP, Javier Arenas, reiteró ayer sus críticas a la gestora, y manifestó su disgusto con el rumbo que ha emprendido.
La sorpresa saltó ayer en el apartahotel junto al exclusivo campo de golf Los Naranjos, donde más de 50 albañiles, electricistas y carpinteros se afanaban por ultimar las reformas, cuando recibieron la visita de la Policía Local. Una pareja de agentes les comunicaba que debían recoger sus enseres y abandonar el lugar. La obra de la mercantil Naviro Inmobiliaria 2000 SL, propiedad de la famosa promotora Ávila Rojas, quedaba paralizada por decreto de la comisión gestora, ya que contraviene el PGOU de 1986. Ávila Rojas es una de las promotoras andaluzas más fuertes del sector, y sólo en la Costa del Sol construye actualmente más de 25 promociones.
Además del apartahotel, se paralizaron las reformas en la piscina y los aparcamientos. Los tres efectivos técnicos de disciplina urbanística también detuvieron la construcción del residencial Villa Las Brisas, compuesto por 11 viviendas de lujo, y otra promoción de seis viviendas en la urbanización Aloha, ambas dentro del exclusivo núcleo poblacional de Nueva Andalucía. El residencial Villa Las Brisas ya había sido precintado tres veces entre el 31 de enero de 2005 y el último aviso del pasado 3 de mayo, todos ellos reiteradamente ignorados por la promotora.
"Eran edificaciones construidas en zona verde pública, para parques y jardines según el PGOU de 1986, y había un incumplimiento reiterado de los diferentes precintos", explicó ayer el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte. "Es la consecuencia de que la anterior corporación trabajara con el PGOU de 1998, impugnado por la Junta, y de la inexistente vigilancia de los precintos", precisó Duarte. El vocal se refirió al único inquilino de los 99 apartamentos precintados aledaños al hotel Senator, que al parecer desalojará su apartamento "voluntariamente" el próximo 23 de mayo.
El director de los servicios jurídicos de Ávila Rojas, Jesús Cantal, explicó ayer que la promotora presentará un recurso ante el Ayuntamiento marbellí por el precinto impuesto el pasado miércoles por la gestora en las obras del parking de Francisco Norte, y que se encontraba a la espera de que le notificaran los precintos efectuados ayer. "Discrepamos absolutamente. Habrá sido un error", comentó Cantal.
La gestora abrió otro nuevo frente urbanístico después de 18 años. El vocal de Asuntos Sociales, Miguel Díaz, firmó con la Empresa Provincial de Vivienda de Málaga un convenio para construir las primeras viviendas de protección oficial en Marbella después de 18 años. "La política municipal en VPO ha sido nefasta. Lo único promovido han sido viviendas sociales y encima adjudicadas a dedo, con muchas irregularidades, intentando captar votos y voluntades", denunció Díaz. La intención de la gestora es que esta primera promoción esté en construcción en mayo de 2007.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, volvió a insistir en que determinadas actuaciones de la gestora "no gustan" a su formación, y que "deterioran" la imagen de este órgano rector. Arenas avisó de que el PP "no descarta" retirarse de la gestora porque "lleva un camino muy preocupante".
La presidenta local del PP, Ángeles Muñoz, solicitó a la gestora que realice una "auditoría urbanística" que ofrezca una "radiografía exhaustiva" de la situación real de la localidad. El PP quiere conocer todos los convenios urbanísticos firmados en los últimos 15 años, así como las licencias ilegales y el momento procesal en que se encuentran.
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