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La urbanización de la costa

La promotora Azata replica que la Junta "supo en su momento" de la transmisión de las parcelas

El coordinador general de Azata del Sol, Antonio Baena Pérez, tildó de "surrealista" el resquicio legal aprovechado por la Junta de Andalucía para ejercer el derecho de retracto sobre la finca del Algarrobico y otra contigua. "La Junta supo en su momento de la transmisión liquidada. ¿Es que no se enteraron de los impuestos pagados? Posteriormente hubo un plan parcial, un proyecto de urbanización con informe favorable de Costas", explicó Baena.

El representante de la empresa considera "inaceptable" que los contribuyentes tengan que pagar de su bolsillo los 300 millones de euros en los que Azata del Sol valora la operación completa hasta dejar la playa como estaba antes de meter la pala.

"Se trata de ejercer un derecho de retracto de una compra-venta hecha en 1999. La indemnización debe sumar el coste de los terrenos, el del edificio, el perjuicio de paralización de la obra con todas las empresas locales y municipales contratadas para ella y el lucro cesante por las expectativas de apertura del hotel, que ya tenía reservas de habitaciones. Todo eso suma 200 millones de euros", estima Baena. No obstante, la demolición del complejo y la restauración del paisaje elevaría el coste a las arcas públicas, según el representante de Azata, a 300 millones.

La empresa, que se ha amparado siempre en la repercusión social que suponía para la zona la creación de hotel, insiste en que el proyecto formaba parte del plan turístico del desarrollo del Levante almeriense puesto en marcha por la Junta de Andalucía. "El señor Chaves pidió en FITUR que los inversores privados acudieran a Andalucía. Esto hiere de muerte el desarrollo turístico del Levante almeriense. La inseguridad jurídica que genera va a tocar de muerte a todas las inversiones que se hagan en la zona", apunta.

El coordinador general de Azata del Sol también recuerda, en este sentido, el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en "compensar" al municipio si se llevaba a cabo la paralización del proyecto. "Es un derecho de retracto del todo improcedente y sacado de la chistera. ¿Es que la especie humana no está protegida en el Cabo de Gata? ¿Tienen que marcharse a trabajar a Alemania para buscarse la vida?", remacha.

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