Nuevo pulso a la temporalidad

La lucha contra la temporalidad, el eje de la reforma laboral firmada ayer, es, en realidad, la historia de las reformas en España desde 1984. Es la crónica de los sucesivos intentos -1992, 1994, 1997 y 2001- por deshacer el gran entuerto provocado por la primera gran regulación del mercado de trabajo de la democracia: la apertura a la contratación temporal.

El mercado laboral español ha protagonizado una honda transformación desde entonces, al crear casi ocho millones de empleos en dos décadas. Pero la aplicación de las cinco regulaciones anteriores ha dejado dos grandes manchas: un índice de precariedad que alcanza a uno de cada tres asalariados (la tasa más elevada de la Unión Europea), y una "excesiva segmentación" del mercado de trabajo, a juicio de Jesús Ferreiro Aparicio, doctor en Ciencias Económicas.

El periodo de reformas laborales se inició en España tras el agotamiento de la política de rentas, iniciada con los Pactos de la Moncloa de 1977. Los cinco pactos culminaron en una moderación salarial y de la inflación, cuya tasa se redujo desde el 24,5% de 1977 hasta el 8,6% de 1986. Pero la tasa de paro es acuciante (en 1984 supera el 21%). El pensamiento único para flexibilizar el mercado de trabajo se impone.

- 1984. Vía libre a la temporalidad. El gran objetivo es incentivar el empleo y se opta por abrir las puertas a la contratación temporal. En paralelo, se quiebra el principio de causalidad, al permitir el uso de temporales a puestos de naturaleza permanente, aunque limitaba su duración a tres años. Junto al impulso del crecimiento económico, se acelera la creación de empleo, pero la rotación de temporales en el mercado y en el paro eleva el gasto en protección al desempleo.

- 1992. Menos prestaciones. La Ley de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo tiene por objeto reducir las prestaciones por desempleo y endurecer las condiciones al mismo para reducir el déficit público. Es, además, el primer intento por desincentivar la contratación temporal, estimulando la indefinida en determinados colectivos (jóvenes, mujeres y desempleados mayores de 45 años). Sin embargo, la creciente brecha entre trabajadores con contrato indefinido y temporal obliga a una nueva reforma. Estos últimos alcanzaron en 1995 tasas del 34,8% en el conjunto de la economía y del 40,7% en el sector privado, según un trabajo de Ferreiro en Revista del Ministerio de Trabajo.

- 1994. ETT y 'contrato basura'. Fue la reforma más intensa del mercado laboral español, al intentar combatir también la inflación en dos direcciones: moderar los salarios (se descentraliza la negociación colectiva al ámbito de la empresa) y aumentar la productividad. Se facilitó a las empresas una nueva herramienta, con el incremento de causas para los despidos colectivos procedentes (indemnización de 20 días por año trabajado), que pasan a ser económicas, técnicas, organizativas y de producción. Se crea un nuevo contrato de aprendizaje, conocido como contrato basura, se regulan las empresas de trabajo temporal (ETT) y se extiende el contrato parcial, pero la reforma no redunda en una mejora de la productividad.

- 1997. Nuevo contrato indefinido. El consenso lleva a un nuevo contrato indefinido con una menor indemnización por despido: 33 días por año trabajado, frente a los 45 días del contrato fijo ordinario, para mujeres, jóvenes, desempleados de larga duración y mayores de 45. Introduce medidas para aumentar la estabilidad, pero el arma para reducir la temporalidad tiene doble filo: se abarata la contratación fija.

- 2001. En busca de la estabilidad. El contrato de 1997 tenía un periodo de vigencia de cuatro años. Finalizado el periodo, debía tomarse una decisión sobre su posible. Ante la falta de consenso, el Gobierno del PP elimina el límite del nuevo contrato indefinido y lo amplía a más colectivos. La reforma incluye medidas que promueven la contratación temporal (contrato de inserción, supresión del límite de edad en el contrato de formación), pero también aplica medidas para frenarla (indemnización de ocho días y aumento del 36% de la cuota empresarial a la Seguridad Social para contratos de menos de siete días).