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El PP considera derogada la orden que diferencia valenciano y catalán

La oposición dice que el Consell prevaricará si ignora al Supremo

Los grupos de la oposición coincidieron en afirmar ayer en las Cortes Valencianas que el Consell prevaricará si no cumple la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que invalida la orden de la Consejería de Educación de 1995 que suprimió la homologación de las titulaciones de valenciano con las de catalán. El PP rechazó una iniciativa que pedía la derogación de esa orden. Argumentó que eso ya lo ha hecho el alto tribunal. Pero ni entró en el fondo del asunto ni explicó qué va a hacer el Consell.

El diputado de Esquerra Unida-L'Entesa Ramon Cardona explicó que, en condiciones normales, tras la reciente sentencia del Supremo, tendría que haber retirado su iniciativa. "Porque una sentencia, normalmente, se cumple y ya está", dijo Cardona, quien argumentó que cuando hace unos días le preguntó en el pleno al consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, qué iba a hacer tras la sentencia, este le contestó que "no la va a cumplir", que haría "todo lo necesario para que no tenga efecto" y que "no la va a poner en práctica".

El Consell ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional, que, por su parte, ya avaló en 1997 la denominación de catalán en los estatutos de la Universitat de València. En el caso de que finalmente el Consell recurra, la más alta instancia judicial del Estado probablemente tendrá en cuenta, como el Supremo, el informe que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) aprobó en febrero de 2005, según el cual "la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten" Cataluña, Baleares y Andorra, y que indica que "las diferentes hablas de esos territorios constituyen una lengua". Y no podrá obviar que el nuevo Estatut reconoce a la AVL la autoridad normativa del valenciano.

Ayer, en la comisión de Educación, Cardona advirtió de que el incumplimiento del fallo del Supremo por parte del Consell "podría constituir un proceso de desacato e incluso un claro caso de prevaricación". Y se preguntó "si las sentencias del tribunal sirven de algo, si los conocimientos filológicos sirven de algo y si es que las universidades sirven de algo para el PP o todo es papel mojado y todo se convierte en un desprecio para la gente que trabaja y que hace lo posible por dignificar el valenciano". Y lamentó que el PP trate de imponer que "una diferencia administrativa sirva para diferenciar lenguas", en contra del criterio científico de las universidades, de la propia AVL, de siete sentencias del TSJ valenciano y de otra del Tribunal Constitucional.

La socialista Isabel Escudero suscribió los argumentos de Cardona y añadió que el Consell utiliza la polémica lingüística para esconder sus problemas, como la crisis de la sanidad o la quiebra de las cuentas públicas. Escudero pidió "cordura" al Consell, que, aseguró, ya aplica en la práctica, si bien "a escondidas", la homologación de títulos. Se refería a que la Generalitat acepta convalidaciones individuales a petición de los interesados.

La diputada popular Carolina Salvador argumentó el rechazo de su grupo a la iniciativa de EU en que "ya está resuelta" por la reciente sentencia del Supremo que "lo que hace es derogar la orden" de 1995. A partir de ahí continuó leyendo una intervención centrada en la cuestión nominalista, sin entrar en el fondo de la cuestión -la unidad de la lengua- y sin explicar qué va a hacer el Consell. La Generalitat, dijo, lo que hace es "defender el idioma valenciano". Y obviando la política del PP al respecto en los últimos lustros, lamentó que la lengua propia sea utilizada como elemento de "discordia" y defendió que "debería dejar de ser motivo de debate partidista".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de mayo de 2006