El delegado del Gobierno en Madrid dimite "en defensa de la profesionalidad" de la policía

La condena a tres policías por el caso Bono se cobró ayer la primera víctima política. El delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Constantino Méndez, presentó su "dimisión irrevocable", pese a que no comparte "en absoluto" el contenido del fallo y pese a que la sentencia confirma que "nadie" de su departamento ni del Ministerio del Interior, dijo, dio orden alguna sobre cómo actuar en las pesquisas. El fallo sugiere que los agentes que detuvieron a dos militantes del PP pudieron sentirse influidos por unas declaraciones de Méndez anunciando detenciones. El hasta ayer delegado lo negó "tajantemente" y subrayó que renuncia "por responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Constantino Méndez Martínez, natural de Pontecesures (Pontevedra) y de 55 años, compareció serio ante la prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid. Acompañado por la subdelegada del Ejecutivo en la capital, Pilar Gallego, leyó un breve comunicado y no admitió preguntas. Las primeras palabras no vaticinaban las últimas. "La sentencia no es firme y va a ser recurrida por los afectados, lo que obliga a tener una actitud prudente sobre los contenidos de la misma", arrancó.

El delegado, nombrado el 23 de abril de 2004, explicó que, a tenor de lo visto en la instrucción, en el juicio oral y en los hechos probados, "en ningún caso ha existido orden ajena a la dinámica de la propia actuación del Cuerpo Nacional de Policía ni injerencia externa en toda la actuación de los agentes". Méndez leyó que la sentencia "confirma" que "nadie en el ámbito del Ministerio del Interior o de la Delegación del Gobierno en Madrid ordenó a la policía encargada de la investigación y el esclarecimiento de los hechos que se actuara de forma predeterminada contra persona alguna".

"Toda España pudo verlo"

Para Méndez, lo único que hizo la policía fue su trabajo. "Es objetivo que se produjeron hechos ilícitos en esa manifestación y que toda España pudo verlos". Esos hechos lesionaron, dijo, tanto los derechos de los convocantes de la marcha, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, "cuyo derecho de reunión había sido perturbado por los violentos", como los de las "personas objeto de la agresión [se refiere al ya ex ministro de Defensa, José Bono, sus acompañantes y escoltas], los insultos y las amenazas". El delegado subrayó que "si la policía no hubiera abierto diligencias previas sobre estos incidentes no habría cumplido con sus obligaciones".

Méndez, cuyo cargo ha estado marcado por un continuo enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, remachó: "Es evidente, salvo para los que desconozcan el funcionamiento de nuestras instituciones, que nadie en el nivel político puede ordenar una detención ni influir en una instrucción policial. Es más evidente aún que un instructor policial no puede aceptar esa interferencia, si se produjera. Cualquiera que afirme lo contrario no sólo mentiría, sino que calumniaría".

Así, cuando parecía que su decisión iba a ser otra, Méndez sentenció: "Dicho lo anterior, aunque la sentencia no es firme y no comparto en absoluto su contenido, mis convicciones democráticas me llevan a presentar mi dimisión irrevocable, dejando bien claro que la sentencia afirma tajantemente que no hubo instrucciones políticas y que lo hago [dimitir] por responsabilidad y en defensa de la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Decisión personal

Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron anoche que la dimisión de Méndez fue "una decisión personal por responsabilidad y en solidaridad con los agentes condenados". El delegado comunicó su decisión al titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero las fuentes consultadas no pudieron precisar el contenido de la conversación o si el ministro intentó retenerlo, aunque sí que ambos concluyeron que la renuncia era la mejor opción. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue informado puntualmente.

Constantino Méndez, casado y con tres hijos, es licenciado en derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y funcionario del cuerpo de titulados superiores de la Seguridad Social. Fue secretario de Estado de la Administración Pública entre 1994 y 1995, diputado en Cortes por Pontevedra de 1993 a 1996, director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 1987 a 1993 y director general del Instituto Social de la Marina entre 1983 y 1987. Es militante del PSOE desde 1981 y su nombramiento contó con el aval de la Federación Socialista Madrileña.