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APUNTES

La Universitat ofrece una salida estable a sus investigadores

Los Ramón y Cajal de otros campus valencianos carecen de perspectivas

Ignacio Zafra

La noticia fue recibida con alivio. La Universitat de València aprobó la semana pasada un plan para estabilizar a sus científicos del programa Ramón y Cajal. Una iniciativa puesta en marcha en 2001 por el Gobierno de José María Aznar para fomentar la integración de investigadores en el sistema español de ciencia y tecnología y para evitar la fuga de cerebros. El programa ofrecía cinco años de contrato -para los primeros contratados vence en noviembre- y no contemplaba expresamente la estabilización, aunque esta pareciera desprenderse de su finalidad. Los científicos comenzaron a movilizarse el año pasado ante la impresión generalizada de que se hallaban en un callejón sin salida profesional.

La oferta de la Politécnica, plazas de Personal de Administración de Servicios como técnicos de laboratorio, es "degradante", afirma un científico En Alicante existe un compromiso verbal de integrarlos en el profesorado; en la Jaume I, un contrato de tres años y en Elche guardan silencio

La Universitat de València, la institución valenciana con mayor número de cajales (84), ha sido la primera en presentar por escrito una solución que los científicos consideran, sino ideal, razonable. Mejor, en todo caso, que las que se barajan para sus colegas del resto de universidades, con la posible excepción de Alicante.

La oferta de la Universitat de València consiste en incorporar a un pequeño número a través de los departamentos y los institutos de investigación, con plazas de profesor contratado doctor o de profesor titular de universidad. Al resto de los que acaban contrato entre noviembre y mayo (unos 23) se les ofrece integrarse en la fundación general de la universidad con plazas de investigador.

El papel de la fundación -integrada por entidades tan dispares como el observatorio de inserción laboral, la tienda universitaria y el Patronato Martínez Guerricabeitia- es instrumental; los científicos continuarán trabajando en departamentos e institutos. La contratación a través de la fundación, que tiene reconocida capacidad investigadora, permitirá a los cajales liderar proyectos y solicitar financiación a todas las administraciones, incluida la UE, explica la vicerrectora Maria Josep Cuenca.

La fórmula sirve para sortear el mayor obstáculo para la estabilización de los científicos; el hecho de que la vía de acceso natural a la plantilla de la universidad es la docente. Los cajales, en cambio, tienen un perfil investigador; el 90% de ellos, en el caso de la Universitat, se concentran en tres áreas (Química, Física y Biología), lo que dificulta su contratación como profesores, porque no se necesitan tantos; y aunque su reparto fuera más homogéneo, la entrada masiva de docentes por una vía extraña a los usos académicos removería el equilibrio de los departamentos, lo que pondría en dificultades a cualquier rector.

La apuesta de la Universitat de València es arriesgada. Cuenta a su favor con el programa I3, por el que el Ministerio de Educación y Ciencia financia durante tres años la contratación de investigadores a cambio de que esta sea indefinida. Y con el compromiso de la Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia de hacerse cargo durante seis años con el 50% del sueldo de los científicos, y de crear una fundación pública -similar a la que gestiona el programa Icrea en Cataluña- para aportar fondos a la investigación. Si estas promesas no se cumplieran, la universidad tendría problemas para asumir los gastos. La futura fundación del parque científico de la Universitat podría servir para encontrarles un acomodo más apropiado.

La situación de sus colegas de otros campus es peor. Los cajales de la Politécnica de Valencia tienen sobre la mesa una oferta que prevé la incorporación por la vía docente -que sólo alcanzará a un puñado de los 13 que acaban en los próximos meses- o por la de convertirse en Personal de Administración y Servicios. Una posibilidad con la que perderían la condición de investigadores -no podrían dirigir proyectos-; se convertiría en técnicos de laboratorio -subordinados, en teoría, a los estudiantes de doctorado-; y que uno de los afectados considera "degradante": "Es como si te labras una carrera de neurocirujano y luego te ofrecen ser enfermero".

En Alicante, donde siete de los 21 investigadores del Ramón y Cajal acaban entre noviembre y junio, existe el compromiso verbal de absorber a los cajales con plazas de profesor contratado doctor, cuyo sueldo habría de ser equiparado al de profesor de titular de universidad para que la institución pudiera acogerse al plan I3. Una propuesta que fue bien recibida cuando se realizó y que hoy, tres meses después, genera nerviosismo por haberse concretado.

La Jaume I sólo tiene un cajal a punto de acabar contrato y aún así la oferta de contratación se limita a tres años. A la espera, igual que los demás rectorados, de que el compromiso de la consejería de crear una fundación se materialice. La Universidad Miguel Hernández de Elche, por último, no ha hecho ninguna oferta.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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